Estos documentos legalizan la situación de vivienda de más de 5.000 familias y permitirán al Municipio intervenir en el proceso de escrituración y planificación de obras comunitarias en esos sectores. El alcalde Barrera recordó a los beneficiarios que esta acción es posible porque existe la decisión política de servir a quienes antes eran explotados e invisibilizados en la ciudad.
