El vocal del Consejo de la Judicatura, Fernando Yávar Umpiérrez, fue el encargado de presentar a la comunidad esta propuesta que hace cinco meses fue implementada en las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay con el consecuente decomiso de más de 85 mil objetos de toda índole, muchos de ellos manchados de sangre de sus víctimas.
Además se destacó que en meses anteriores no había control en la devolución de los objetos incautados, y que el problema estaba en los jueces y fiscales, que no hacían un adecuado y real acopio de documentos que prueben la legítima propiedad del dueño.
