La Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios) denunció el aumento de agresiones contra periodistas durante 2010 por parte de autoridades, directivos y anunciantes.
Según esta organización, con sede en Quito, en este año se han denunciado 138 ataques físicos y verbales contra periodistas.
«Cuatro de cada diez periodistas» revelaron que «dejaron de publicar notas de interés público por presiones de funcionarios o autoridades, de directivos de medios y de anunciantes», precisa el reporte.
En 2009 este tipo de denuncias sumaron 103 y fueron 22 en el segundo semestre de 2008, cuando Fundamedios inició su investigación.
Por ello, según la organización, desde mediados de 2008 hasta noviembre de este año se han producido 263 agresiones contra periodistas, cifra que de acuerdo con los investigadores supera los registros de Bolivia (222) y Venezuela (137).
Además, anota que el día en que más se denunciaron atropellos fue el pasado 30 de septiembre, durante una sublevación de policías que rechazaban una supuesta disminución de beneficios salariales y que se amotinaron en un cuartel en Quito.
En esa fecha, los policías rebeldes mantuvieron retenido al presidente del país, Rafael Correa, en un hospital de la institución por más de nueve horas, de donde fue rescatado tras una impresionante operación de militares ejecutada en medio de un intenso tiroteo.
Además, en esa jornada se denunciaron agresiones contra periodistas por parte de policías que quemaron varios equipos de fotógrafos.
Según Fundamedios, en ese día fueron 50 los periodistas agredidos.
Para César Ricaurte, director de Fundamedios, esta situación pone en evidencia que en el país «el ejercicio periodístico se torna más riesgoso» y que el 30 de septiembre marcó un récord en el atropello a la prensa.
Ricaurte advirtió de que un elemento que ha contribuido a esa situación es la marcada tensión entre el Gobierno y la prensa.
El analista dijo que desde ese día se ha acentuado la pugna entre ambas partes, debido a que el Gobierno ha acusado a ciertos medios privados de estar detrás de la revuelta policial, a la que ha calificado de conspiración y un intento de golpe de Estado.
Para Ricaurte, esos hechos han sido convertidos en una «oportunidad de oro para completar la agenda contra la prensa».
Y es que el presidente ecuatoriano ha mantenido, desde el inicio de su mandato en enero de 2007, fuertes críticas contra cierto sector de la prensa privada, a la que ha acusado de defender intereses de grupos poderosos y de ser un enemigo de la llamada «Revolución ciudadana» que pregona.
Además, la pugna se ha visto robustecida por una Ley de Comunicación que tramita la Asamblea Nacional, la misma que para las empresas informativas supone una «mordaza» a la libertad de expresión y para el régimen una oportunidad para regularla. EFE