Los presos del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito No.3 se amotinaron para denunciar que los procesos de rebajas de penas y de prelibertad aplicados por la justicia ecuatoriana llevan un retraso de nueve meses.
Los reos aseguraron que desde febrero hay mil casos de reducción de penas a nivel nacional que no han sido aplicados, por lo que afirmaron que este puede ser un paso previo a un motín nacional en diciembre si no se cumplen sus intereses legales.
Los presos resaltaron que cuando hay una reducción de penas, ésta se debe aplicar al día siguiente, pero se quejaron que, a menudo, pasa más tiempo antes de que queden libres.
Uno de los detenidos beneficiados con la rebaja de pena, y que por consiguiente debió abandonar la prisión al día siguiente de recibirla, dijo que lleva más de «tres meses» a la espera de su salida, luego de pagar diez años de condena.
Otro de los amotinados resaltó que «la Corte Nacional dice que la rebaja de penas es retroactiva» y añadió que seguirán manifestándose «sino hay una respuesta positiva».
Por su parte, el juez Luis Laudré destacó que cuando les llega un caso a las manos tienen 48 para tramitarlo y argumentó que el retraso viene de los mismos centros de rehabilitación así como por el ministerio de Justicia.
«Cuando hay un detenido se los pasa lo más pronto posible, si nos piden audiencia, los señalamos lo más pronto posible», dijo Laudré.
Itiana Villareal, la ex directora del penal García Moreno, subrayó que la lentitud proviene porque el Consejo Nacional de Rehabilitación formó una comisión externa que se encarga de estudiar los expedientes para otorgar los beneficios.
Esta comisión se creó hace quince días por una presunta discrecionalidad que existía para la entrega de estos beneficios.
«Es decir, van a revisar lo ya trabajado, lo hecho, una comisión externa que para mi criterio es solamente una unidad burócrata que parece que está truncando que se despache estos procesos», aseveró Villareal. EFE