Dos personas más fueron sometidas a la justicia indígena, esta vez en el cantón Loreto de la provincia de Orellana. Los dos hombres fueron quemados, bajo la acusación de agredir a un profesor en medio de una pelea.
El Artículo 191 de la Constitución vigente, afirma que las autoridades indígenas pueden aplicar normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos, siempre y cuando estás prácticas no sean contrarias a las leyes ecuatorianas.
La Constitución, defiende el derecho a la vida y no aprueba la pena de muerte. Los acontecimientos que últimamente han protagonizado los indígenas, contradicen por completo a la ley.
El acto cometido en Orellana, al igual que otros casos de ajusticiamiento, constituyen un delito grave. Quitar la vida a una persona se llama ‘asesinato’ y empeora, cuando implica tortura.
Ahora, los participantes del ajusticiamiento de Orellana, están detenidos. La justicia ordinaria deberá juzgarlos y parar esta ola de atentados.