El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo hoy que el país no se prestará al «show político» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le ha convocado a un nuevo período de sesiones para tratar sobre libertad de expresión, de asociación y defensa de la naturaleza.
Según Patiño, en la sesión de este viernes la CIDH pretende que el Gobierno del país andino explique «qué ha pasado» con la fundación Pachamama, que mañana tiene previsto denunciar ante el organismo interamericano su disolución, decretada el 4 de diciembre por las autoridades de Ecuador por supuestos actos vandálicos, que la entidad niega.
Fundación Pachamama fue clausurada tras unos incidentes ocurridos el 28 de noviembre pasado, cuando activistas ecologistas e indígenas contrarios a que la explotación petrolera se extienda al sur de la Amazonía ecuatoriana llevaron a cabo una protesta en la que se produjeron agresiones a miembros de delegaciones diplomáticas, según el Ministerio del Interior.
El cierre de la Fundación Pachamama desencadenó protestas de organizaciones ecuatorianas y de más de un centenar de entidades de derechos humanos internacionales que, en una carta de solidaridad, exigieron en diciembre su reapertura.
Patiño avanzó que el Gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, no participará en la sesión.
«Somos un estado respetado y respetable», dijo el jefe de la diplomacia ecuatoriana.
El canciller reiteró, por otro lado, la negativa del Gobierno a aceptar las medidas cautelares dictadas por la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, en el caso de tres ecuatorianos condenados a prisión por injuriar al presidente Correa.
Según Patiño, la CIDH «sabe que no puede solicitar medidas cautelares», por lo que «no puede hacer lo que le da la gana», ya que ni la convención ni el estatuto que regulan su funcionamiento se lo permiten.
«Quien tiene atribuciones para establecer medidas» provisionales es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José de Costa Rica, «no la Comisión», dijo el canciller, quien resaltó que cuando ese tribunal lo hace, el Estado ecuatoriano lo cumple.
Por ello, agregó el ministro, «le decimos a la CIDH que no pierda su tiempo dictando medidas que no tienen fundamento jurídico», ya que «el Estado ecuatoriano no las va a atender».
El organismo interamericano concedió el lunes las medidas cautelares en una resolución en la que pidió al Estado ecuatoriano que suspenda la ejecución de una sentencia de casación emitida en enero por la Corte Nacional de Justicia contra el legislador opositor Clever Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa.
Los dos primeros fueron condenados a dieciocho meses de cárcel y el tercero a seis meses por el delito de «injuria judicial», al haber acusado al presidente Correa «de haber cometido un delito de lesa humanidad», según la Cancillería.
El ministro de Exteriores también criticó a la relatora sobre libertad de expresión de la CIDH, la colombiana Catalina Botero, por definir lo que «tiene que decir los sábados» el presidente Correa en sus informes semanales de labores.
Según el ministro, el informe de la relatoría señala que la información difundida en esos mensajes «debe ser la estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes» sobre asuntos «de claro y genuino interés» y durante el tiempo «estrictamente necesario».
Patiño criticó el informe y a Botero por establecer esas limitaciones y dijo que la relatora «está definitivamente trastocada».
Fuente: EFE