El agua es un bien nacional de uso público y no debería ser privatizada, ni vendida. En realidad, no tendría que discutirse una Ley de Recursos Hídricos, pero lastimosamente el mal uso que se le da al recurso y la persecución de intereses, lo hacen necesario.
Actualmente se presenta un desacuerdo con respecto de esta Ley. Uno de los temas de la discordia es la rectoría del sector hídrico en el país.
El Gobierno propone entregar la administración del recurso a la Secretaría Nacional del Agua, mientras que la Conaie plantea que se encargue al Consejo Plurinacional e Intercultural del Agua, presidido por un delegado del Gobierno, pero con integrantes que representan a los diversos sectores involucrados.
Los diferentes acontecimientos que se han presentado como las movilizaciones, el cierre de las vías y la desvalorización del discurso de los dirigentes indígenas, no ayudan a crear un espacio de de debate para definir el destino de la administración del líquido vital.