Las autoridades judiciales de Nicaragua expusieron ayer a las de Ecuador, El Salvador y República Dominicana su modelo de facilitadores judiciales, que consiste en que líderes comunitarios mayores de edad resuelvan, fuera de los juzgados, casos menos graves.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos, declaró a periodistas que las delegaciones de Ecuador, El Salvador y República Dominicana «vienen a aprender de la experiencia nuestra», al igual, dijo, que lo han hecho otros países de la región.
Los facilitadores son operadores de justicia que no pueden ser abogados, militares o policías, ni tener antecedentes penales, y ofrecen sus servicios sin cobro o retribución y son electos en sus comunidades y nombrados por jueces acreditados por la Corte Suprema de Justicia.
En Nicaragua ese programa funciona desde 1998, cuando en las montañas de una comunidad rural llamada Waslala (norte), un juez local pidió a un líder comunitario le ayudara a resolver cientos de casos de campesinos que exigían una solución inmediata a sus problemas legales.
Desde entonces es promovido por la Organización de Estados Americanos (OEA) y ahora también se ejecuta o está por ejecutarse en Argentina, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay.
«Las delegaciones vienen a Nicaragua para aprender no solamente en teoría, sino ir a las comunidades rurales a ver como funciona el servicio de facilitares judiciales para implementarlo en sus países», explicó la magistrada Ramos.
La funcionaria dijo que ese programa ha permitido en Nicaragua la participación popular en la administración de justicia, reducir la conflictividad social y descongestionar los juzgados locales.
«Eso evita que la gente vaya a gastar dinero y tiempo a un juzgado, y evita ‘vendetas’ familiares si no se resuelven a tiempo», anotó.
La facilitadora Inés del Socorro Espinoza dijo a periodistas que en su comunidad ha disminuido la violencia.
Por su lado, el magistrado nicaragüense Marvin Aguilar dijo que los facilitadores judiciales han venido a representar «procesos de pacificación y armonía en los territorios donde ejercen sus funciones».
Desde 1998 a la fecha se «han resuelto más de 50.000 casos en mediación, en los que no ha habido intervención de la Policía, Fiscalía, Defensora Pública, ni los juzgados, ni han ido a prisión», subrayó.
Los facilitadores «hacen una labor de alfabetización jurídica, porque, además, dan charla en las comunidades y eso hace que el país se vaya pacificando de comarca en comarca y barrio en barrio», recalcó Aguilar, quien dijo que Nicaragua es ahora «uno de los países más seguros de Latinoamericana».
Aguilar aclaró que Nicaragua expone su modelo, pero cada país valora si pueden implementarlo «de acuerdo a sus características y cultura propia».
En Nicaragua operan 2.871 facilitadores, 2.000 en el campo y 871 en las zonas urbanas, y se han ganado la antipatía de un sector de abogados nicaragüenses, que ya no obtienen ingresos cuando las partes llegan a un acuerdo extrajudicial.
Esos operadores «son voluntarios, no tienen ningún salario, no están en el Seguro Social. Ellos hacen esa labor de voluntariado para la pacificación del país», señaló Aguilar.
Los facilitadores, que son avalados por la Corte Suprema con el respaldo de la OEA, atienden causas civiles, casos de violencia intrafamiliar menos graves, entre otros.
El trabajo de ese batallón de voluntarios, calcula la OEA, ha ampliado en un 25 % el acceso de la población a la justicia y ahorra otro 25 % de tiempo a los jueces locales, además de que ha reducido la violencia de género o intrafamiliar. EFE
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