La magistrada que enjuicia el primer caso de crímenes de lesa humanidad que llega a los tribunales en Ecuador aceptó ayer la solicitud de prisión preventiva para tres de los diez imputados, planteada por la Fiscalía, y decretó también arresto domiciliario para otros seis.
La juez descartó el arresto domiciliario para el séptimo imputado para quien el Ministerio Público pidió esta medida, debido a su estado de salud, y lo sustituyó por la prohibición de abandonar el país.
Las víctimas, Luis Vaca, Susana Cajas -quien fue candidata a asambleísta en las elecciones de febrero de 2013 por el movimiento oficialista Alianza País- y Javier Jarrín, fueron detenidas acusadas de tener vínculos con el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC), durante el Gobierno (1984-1988) del fallecido expresidente León Febres Cordero.
El fiscal habló durante más de una hora para relatar los hechos objeto del juicio y concluyó con la petición de prisión preventiva para tres de los imputados, dos de ellos porque están fuera del país y uno por ser menor de 60 años, mientras que para los siete restantes solicitó arresto domiciliario.
También demandó que se decrete la prohibición de enajenar bienes para todos los acusados, quienes no estuvieron en la sala.
Los defensores de los imputados reclamaron que continúen en libertad y algunos de ellos presentaron incluso certificados médicos que acreditan la necesidad de sus defendidos de recibir atención diaria en centros médicos.
También resaltaron su sometimiento a las diligencias judiciales como muestra de su colaboración con la Justicia y como argumento en favor de su mantenimiento en libertad.
En la sala estuvo presente el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, así como varias personas con pañuelos al cuello con la leyenda ‘Alfaro Vive’.
Tras las exposiciones del fiscal y de los defensores, se hizo un receso, después del cual se reanudó la sesión, en la que la juez dio a conocer su decisión.
Entre 2007 y 2010, el Estado ecuatoriano investigó graves violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de la década de los 80, para lo cual conformó la Comisión de la Verdad, uno de cuyos casos es el que se presentó hoy.
Vaca, Cajas y Jarrín, que ahora tienen cerca de 50 años, fueron detenidos en 1985 de forma «arbitraria», torturados y sometidos a violencia sexual, dijo recientemente a Efe el director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, Fidel Jaramillo.
Agregó que en este caso hubo también «desaparición forzada, porque se les detiene y las autoridades comienzan a negar que, en efecto, les tienen».
«Después de dos semanas de tortura y violencia sexual, a Susana Cajas y Javier Jarrín se les deja con las manos atadas en un potrero», relató y añadió que instantes después un grupo de policías los detuvieron nuevamente.
A Vaca lo mantuvieron «detenido y desaparecido por casi tres años» e incluso, con el paso del tiempo, borraron sus archivos del Registro Civil, dificultando aún más la búsqueda por parte de sus familiares o el seguimiento del caso por parte de instancias internacionales, dijo. EFE