La Fiscalía de Ecuador llevará mañana por primera vez ante la Justicia un caso de crímenes de lesa humanidad en el que se acusará a diez personas por delitos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada, señalaron hoy fuentes del organismo investigador.
El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, tiene previsto presentar a las 09.30 hora local (14.30 GMT del martes) el caso ante la Corte Nacional de Justicia debido a que se formularán cargos contra diez policías y militares de la época en que ocurrieron los hechos contra Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín.
Vaca, Cajas -quien fue candidata a asambleísta en las elecciones de febrero de 2013 por el movimiento oficialista Alianza País- y Jarrín fueron detenidos acusados de tener vínculos con el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC), durante el Gobierno (1984-1988) del fallecido expresidente León Febres Cordero.
«Los crímenes de lesa humanidad jamás han sido judicializados en Ecuador, no porque no existan, sino que nunca hubo ni la decisión política ni judicial de poder abarcar estos crímenes», explicó recientemente a Efe el director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, Fidel Jaramillo.
Entre 2007 y 2010, el Estado ecuatoriano investigó graves violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de la década de los 80, para lo cual conformó la Comisión de la Verdad, uno de cuyos casos es el que se presentará mañana ante la Corte.
Vaca, Cajas y Jarrín, que ahora tienen cerca de 50 años, fueron detenidos en 1985 de forma «arbitraria», torturados y sometidos a violencia sexual, dijo Jaramillo al apuntar que, además, comenzó «la desaparición forzada, porque se les detiene y las autoridades comienzan a negar que, en efecto, les tienen».
«Después de dos semanas de tortura y violencia sexual, a Susana Cajas y Javier Jarrín se les deja con las manos atadas en un potrero», relató y añadió que instantes después un grupo de policías los detuvieron.
A Vaca lo mantuvieron «detenido y desaparecido por casi tres años» e incluso con el paso del tiempo, borraron sus archivos del Registro Civil dificultando aún más la búsqueda por parte de sus familiares o el seguimiento del caso por parte de instancias internacionales, dijo.
A la audiencia de mañana asistirán representantes de la fiscalías de Venezuela, Perú, Argentina y Panamá, y en ella se pedirán medidas cautelares que podrían ser la retirada del pasaporte, prisión preventiva o arresto domiciliario en caso de tercera edad.
Unas dos semanas después de la presentación por parte de la Fiscalía en la Corte, los afectados también presentarán acusaciones particulares, indicó Jaramillo. EFE