La delegación boliviana, encabezada hoy por el canciller David Choquehuanca, oficializó ante la CIJ una demanda que se ha preparado durante dos años y con la que se espera poder «restablecer los derechos de un país injustamente enclaustrado y privado por más de 100 años de la cualidad marítima con la que nació.
«Bolivia, como país pacifista, deposita su confianza en la Corte Internacional de Justicia, a la que reconoce como el más alto tribunal establecido por la humanidad para la solución pacífica de las controversias entre Estados», explicó Choquehuanca en una conferencia de prensa en La Haya.
El jefe de la diplomacia boliviana subrayó que su país acude a esta vía «luego de agotar todos los medios de diálogo y debido a las constantes dilaciones de los gobiernos chilenos», aunque recalcó que la iniciativa no supone «un acto inamistoso contra Chile ni su pueblo».
La intención de Bolivia, señaló Choquehuanca en La Haya, es «encontrar una solución definitiva a un centenario problema que es de interés hemisférico».
Con su demanda, el Ejecutivo de La Paz espera que la CIJ dictamine que «Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al océano Pacífico».
A la espera de que la corte haga públicos los detalles del escrito, una vez que lo haya notificado a Chile, Bolivia únicamente avanzó hoy que la demanda «no se basa en el Tratado de 1904», que definió los límites fronterizos entre los dos países.
Bolivia perdió los 400 kilómetros que tenía su litoral en el Pacífico y 120.000 km2 de territorio en la Guerra del Pacífico (1879-1883) contra Chile.
Uno de los ejes de la argumentación podría ser, según analistas, que Chile llegó a reconocer, en algunos momentos del diálogo centenario, su obligación de negociar una salida soberana al Pacífico.
Para el Gobierno chileno, sin embargo, la demanda boliviana «carece de todo fundamento jurídico de hecho y de derecho», según subrayó hoy su canciller, Alfredo Moreno, en Santiago.
Una vez presentada la solicitud por parte de Bolivia, corresponde ahora a Chile decidir si acepta la jurisdicción de la CIJ para juzgar el caso en concreto, explicaron a Efe fuentes del tribunal.
En caso afirmativo, Santiago deberá nombrar a un agente que se reuniría con el representante boliviano, el ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, y con la propia CIJ para discutir un posible calendario del proceso, indicaron las fuentes.
Mientras, si Chile rechaza entrar en el caso, correspondería al propio tribunal decidir los siguientes pasos.
Los contenciosos ante la CIJ se desarrollan en dos fases, una primera escrita, seguida de una oral, y en la mayoría de ocasiones se resuelven en un periodo que se puede prolongar durante una media de 4 años, aunque algunos procesos han llegado a alcanzar hasta 14 años.
El ritmo del procedimiento, señalaron las fuentes, dependerá principalmente de las posturas de las partes.
El caso no es el primero que Chile afronta en La Haya, pues actualmente está a la espera de que la CIJ dicte sentencia en el conflicto del país con Perú por su frontera marítima, un veredicto que se espera para este verano.
Preguntado por los periodistas, Rodríguez Veltzé rechazó comparar el litigio entre Bolivia y Chile con otros casos y subrayó que la demanda presentada hoy «tiene un formato que no solamente expone los hechos, sino también los argumentos jurídicos que los sustentan». EFE