«Nadie en el mundo va aceptar que un país desahucie unilateralmente un tratado que está plenamente vigente», dijeron a Efe fuentes del gobierno de Sebastián Piñera en relación con la presentación de la demanda boliviana, prevista para mañana.
«Se pueden hacer muchas cosas, pero el mejor camino es el diálogo», sostienen las fuentes, que aseguran que «en Chile no hay dos opiniones sobre este tema, sino que existe unanimidad absoluta entre todos los partidos».
El actual Ejecutivo asegura que «es imposible cambiar el tratado de 1904», que zanjó los temas pendientes de la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de superficie.
«Cortar el país en dos está fuera de toda consideración», enfatizan las fuentes oficiales.
El propio presidente chileno opinó hoy que Bolivia basará la demanda en derechos que cree haber adquirido a partir de las negociaciones bilaterales, lo que a su juicio es fruto de una «interpretación legal equivocada».
El presidente del Senado, Jorge Pizarro, también cree que Bolivia fracasará en La Haya, «cuando se le ha dicho hasta el cansancio que lo que corresponde es desarrollar un diálogo bilateral».
Actualmente Chile ya afronta en La Haya una demanda interpuesta en 2008 por Perú para establecer un nuevo límite marítimo bilateral, cuyo fallo se conocerá a mediados de este año.
Es difícil que las dos demandas vayan a coincidir en el tiempo, dado que el procedimiento es muy lento, y además, al Gobierno chileno siempre le cabe el recurso de presentar excepciones preliminares si considera que el tribunal carece de atribuciones, recuerdan las fuentes consultadas.
La historia reciente de este conflicto se remonta a los años 70, cuando ambos países reanudaron por un breve periodo las relaciones diplomáticas, que estaban rotas desde la Guerra del Pacífico.
Las relaciones volvieron a cortarse en 1978, tras el fracaso de las negociaciones entre los presidentes de ambos países, que entonces vivían bajo los regímenes militares de Hugo Banzer (Bolivia) y Augusto Pinochet (Chile).
Con la reanudación de la democracia en Chile, en 1990, en La Paz resurgió la esperanza de encontrar una respuesta a su aspiración, pero el gobierno de Patricio Aylwin pronto aclaró que el asunto se abordaría «siguiendo la política tradicional».
Al año siguiente, Chile albergó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), una oportunidad que Bolivia aprovechó para plantear su pretensión ante mandatarios de otros países, algo que desde entonces ha venido repitiendo en todos los foros multilaterales.
En 1999, con Eduardo Frei a punto de abandonar La Moneda y Hugo Banzer de vuelta al poder, esta vez por la vía electoral, no parecía posible alcanzar una solución.
De poco sirvió el desminado en la frontera, los tratados comerciales y las conversaciones para un acuerdo de integración energética.
La elección del socialista Ricardo Lagos el año 2000 hizo albergar esperanzas a La Paz. Sin embargo, la relación no mejoró. De hecho, incluso empeoró.
En la Cumbre Extraordinaria de las Américas celebrada en Monterrey (México) en 2004, Lagos y el entonces presidente boliviano, Carlos Mesa, protagonizaron un fuerte desencuentro.
La decisión de Mesa de sacar el tema a colación en un foro multilateral disgustó a Lagos, que condicionó el avance del diálogo al restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
La llegada de Michelle Bachelet a La Moneda en 2006 supuso la reanudación del diálogo sobre la base de una agenda de trece puntos, entre ellos la pretensión marítima.
Aunque Chile descartaba la cesión de soberanía, estaba dispuesto a hacer las inversiones necesarias para facilitar el acceso al Pacífico de los productos bolivianos.
Con el conservador Sebastián Piñera en la presidencia de Chile, el diálogo se mantuvo hasta que el 23 de marzo de 2011, el mandatario boliviano, Evo Morales, anunció por primera vez que iba a plantear la demanda marítima ante los tribunales internacionales, anuncio que mañana se concretará en La Haya. EFE