Por esta razón, la institución que dirige impulsó la demanda presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, basada en el caso de un ecuatoriano residente en España, según informó en Madrid en una conferencia de prensa. “Consideramos que al no permitirse exponer las razones de no pago ante un juez, se está vulnerando el derecho a la justicias”, afirmó Rivadeneira.
