1 mar (EFE).- Dos informes sobre el estudio de impacto ambiental (EIA) del polémico proyecto minero Conga, encargados por quienes se oponen a el, serán presentados en paralelo al peritaje que contrató el Gobierno de Perú, que está a favor.
Los dos informes, financiados por ONG extranjeras, serán presentados por miembros del Gobierno Regional de Cajamarca, donde está Conga, y cuyo presidente, Gregorio Santos, se ha mostrado un férreo opositor al proyecto por supuestamente dañar de forma irreversible las reservas de agua.
Actualmente, el Ejecutivo ha contratado a tres especialistas: los españoles Rafael Fernández Rubio y Luis López García y el portugués José Martins Carvalho, para que en un plazo de 40 días presenten un informe final sobre el proyecto aurífero de 4.800 millones de dólares de inversión.
Según el diario «La República», el informe paralelo del hidrogeólogo español Javier Lambán, que colaboró con la ONG Ingenieros sin Fronteras de Barcelona, considera que las lagunas en la zona del proyecto pueden verse negativamente afectadas al ser una zona de descarga de aguas subterráneas.
Por su parte, el informe del hidrólogo y geoquímico estadounidense Robert Morán, contratado por organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos, está en proceso de traducción al castellano.
Laura Lucio, que acompañó el trabajo de Morán y que pertenece a Grufides, la ONG que integra la Comision Ambiental del Gobierno Regional de Cajamarca, aseguró al diario que el peritaje tiene varias observaciones contra Conga.
«El mayor problema está en las aguas subterráneas. El EIA del proyecto minero no aporta un inventario completo de los puntos de agua lo que es importante para evaluar posibles impactos en las aguas subterráneas», afirmó Lucio.
Conga, desarrollada por la minera Yanacocha, la primera productora de oro de Sudamérica, contempla drenar cuatro lagunas en cabeceras de cuenca, dos para extraer el metal y el resto para depositar los relaves.
«Yanacocha dice que las lagunas se abastecen de agua de lluvias, esto es falso, se abastecen de agua subterránea y si van a hacer excavaciones de 650 metros de profundidad como indican, esas aguas subterráneas van a ser afectadas», sostuvo Lucio.
En noviembre, pobladores de Cajamarca realizaron una huelga de 11 días que concluyó con la declaración del estado de emergencia (excepción) en cuatro de sus provincias, tras un diálogo infructuoso entre representantes de los manifestantes y el Gobierno.
En febrero pasado, «la marcha del agua» llegó a Lima tras recorrer la zona norte del país en protesta contra Conga y contra la contaminación del agua por la minería.
Esta semana, los peritos contratados por el Gobierno y que Gregorio Santos no reconoce indicaron a los medios que no brindarán informes parciales. EFE