Cerca de cien inmigrantes centroamericanos fueron asaltados por supuestos policías en el estado de Oaxaca, sur de México, cuando viajaban en un tren, y repatriados a sus países de origen, denunció el sacerdote Alejandro Solalinde.
El también director del albergue para emigrantes Hermanos del Camino explicó que tras el ataque, anoche en el municipio de Chahuites, los indocumentados fueron metidos en autobuses y trasladados a Tapachula, localidad del estado de Chiapas fronteriza con Guatemala.
Según Solalinde, un destacado defensor de los derechos de los indocumentados que pasan por el sur de México, los emigrantes viajaban en el tren de carga conocido como La Bestia, desde Arriaga, en Chiapas, hacia Veracruz, cuando fueron interceptados, asaltados y víctimas de abusos por parte de algunas autoridades mexicanas.
Al lugar llegaron funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) que metieron a la mayoría de los inmigrantes en autobuses y se los llevaron a la frontera con Guatemala.
El sacerdote conoció los hechos gracias a que ocho de los indocumentados lograron escapar de la operación contra ellos y llegaron al albergue Hermanos del Camino en Ciudad Ixtepec.
El centro está localizado en la región del Istmo de Tehuantepec, una zona de paso para decenas de miles de inmigrantes indocumentados centroamericanos cada año, ubicada a unos 350 kilómetros al este de Oaxaca, capital del estado del mismo nombre.
Solalinde señaló que «no es la primera vez que están involucrados policías en el asalto a los hermanos migrantes», y dijo que en numerosas ocasiones ha denunciado los hechos pero «ninguna (de sus acciones legales) ha prosperado».
Agregó que de este nuevo caso ya tiene conocimiento la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y «los visitadores (de la institución) están entrevistando a las víctimas en Tapachula».
Hace dos días el Senado mexicano aprobó una modificación a la Ley General de Población mexicana según la cual cualquier servidor público mexicano estará obligado a atender a los extranjeros sin que tengan que dar parte de su presencia al INM.
Con esta modificación, que llega después del hallazgo de 72 emigrantes masacrados el pasado 24 de agosto en Tamaulipas, se pretenden evitar abusos a los derechos humanos contra los indocumentados, tanto por cualquier ciudadano como por funcionarios públicos.
Estos últimos «serán sancionados hasta con la destitución del cargo, cuando cometan actos u omisiones que violen los derechos humanos de las personas sujetas a estas modificaciones», señala el nuevo texto legal, que aún debe ser promulgado por el presidente mexicano, Felipe Calderón, para su entrada en vigor.
Amnistía Internacional (AI) destacó la decisión del Senado mexicano y la consideró «un paso importante para garantizar a todas las personas migrantes la igualdad de acceso a la justicia».
Según la ONG, tras la matanza de Tamaulipas, México está en «un momento clave para que el Gobierno del presidente Calderón muestre su liderazgo e implemente medidas concretas para asegurar la protección de los migrantes» que pasan por el país. EFE