El pueblo Kitchwa mantendrá su actitud pacífica en todo momento pese a temer que el Ejército ecuatoriano entre de forma inminente en su región, el bosque amazónico de Sarayaku, en busca del exparlamentario Clever Jiménez, aseguró a Efe la portavoz en Francia de dicha comunidad indígena, Corinne Arnould.
Jiménez, condenado a 18 meses de prisión por injurias al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se refugió en la zona junto a su asesor Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa para evitar su ingreso en prisión, tras haber acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado 24 de marzo, la CIDH otorgó al exparlamentario del movimiento Pachakutik, grupo político del colectivo indígena en la Asamblea Nacional de Ecuador, y a los otros dos imputados medidas cautelares de protección y reclamó al Estado ecuatoriano la suspensión de la ejecución de la condena.
Invocando esta decisión, la asamblea del pueblo de Sarayaku acordó proteger a los imputados, aunque el Gobierno argumentó que dicho organismo no posee las competencias necesarias para solicitar medidas cautelares y le exigió que revocase su decisión.
Arnould, presidenta de la asociación Paroles de Nature, aseguró que si el Ejercito entra en Sarayaku, los Kichwa resistirán «de forma pacífica» y protegerán la vida del parlamentario, así como las de sus acompañantes.
Los habitantes de la región se encuentran en estado de «alerta máxima» ante la movilización de tropas en la frontera natural que conforma el río Pastaza y se espera que «mañana o pasado mañana» reciban la orden gubernamental de entrar, dijo Arnould.
Según el Gobierno, los pobladores de Sarayaku mostraron una «actitud amenazante» contra las fuerzas del orden el pasado día 5 e impidieron con lanzas, machetes y palos que dos helicópteros militares aterrizasen en su tierra en busca de los acusados.
PUEBLO INDÍGENA ASEGURA QUE CLÉVER JIMÉNEZ ABANDONÓ COMUNIDAD SARAYAKU
Cuatro días después, Correa anunció que se iba a intentar nuevamente entrar en esa zona amazónica del país andino, donde, dijo, había personas armadas que estaban desobedeciendo una orden judicial al proteger a los condenados por injurias al gobernante, por lo que «se actuará con todo el rigor de la ley».
En una entrevista a la radio Ondas Carchenses, Correa agregó que se pedirá a la comunidad indígena la entrega de los prófugos y si impedían la acción de la Policía se declararía «el estado de emergencia».
Según Arnould, la operación armada que estaría en curso de preparación con el nombre «Limpieza en Sarayaku» tendría por objeto «colocar armas en nuestras manos».
Así, añadió, justificarían las acusaciones del Gobierno contra el pueblo Kichwa de albergar grupos paramilitares y podrían favorecer a las empresas petroleras con intereses en la zona.
La tierra de los Sarayaku es rica en petróleo y en 2002 el Gobierno hizo ya un primer intentó de comenzar las extracciones en la zona, pero la resistencia pacífica de los Kitchwa y la resolución de la CIDH que lo consideró ilegal obligaron a las compañías extractoras a retirarse.
El presidente ecuatoriano denunció a Jiménez, Villavicencio y Figueroa por injurias en relación con los hechos del 30 de septiembre de 2010, cuando estuvo retenido varias horas en un hospital de Quito, en medio de una revuelta policial que el Gobierno consideró un intento de golpe de Estado.
Los condenados a penas de entre 6 y 18 meses de cárcel habían acusado a Correa de haber ido a una universidad para planear su rescate y haber regresado luego al hospital para ser liberado.
Denunciaron los hechos ante la Fiscalía, que no aceptó su denuncia y, en ausencia de pruebas, la consideró temeraria y maliciosa, por lo que Correa emprendió el juicio por injurias.
Fuente: EFE