El Consejo de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza rechazó la decisión de la dirigencia indígena de Sarayaku de acoger como refugiados políticos al ex asambleísta Cléver Jiménez y sus dos asesores, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, condenados por la justicia por el delito de injurias contra el presidente Rafael Correa.
“La Nacionalidad Kichwa de Pastaza rechaza de plano que tres condenados por los tribunales de justicia del Ecuador (…) pretendan obligar al Pueblo de Sarayaku que les acepten como refugiados políticos. El territorio Kichwa de Pastaza (…) jamás será guarida de prófugos, delincuentes y resentidos sociales indeseables, vengan de donde vengan”, señala un comunicado.
La dirigencia de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza sostiene que acoger a los prófugos es un grave error político y jurídico que sienta un precedente nefasto y no tiene ninguna legitimidad jurídica. Por el contrario, puntualizan, atenta contra la Constitución, la integridad y la paz del Estado y, además, denigra la soberanía del estado.
“La actuación irresponsable, sectaria, fundamentalista y politiquera de estos tres condenados de la justicia, ha colocado en grave riesgo la dignidad y la paz de la nacionalidad Kichwa de Pastaza y del pueblo Sarayaku, y ha dado una puñalada artera y traidora al proceso de construcción de la circunscripción territorial de la nacionalidad Kichwa” de la provincia amazónica, reza el manifiesto.
Los líderes amazónicos sostienen que la presencia arbitraria delos tres reos de la justicia está provocando grave confusión y división entre los ayllus de la comunidad Sarayaku, los Kichwas de Pastaza y en particular los que se ubican en la cuenca del río Bobonaza.
Por otro lado, hacen notar que la constatación por parte del gobierno de la presencia de indígenas armados (denominados WIO) como grupo paramilitar al servicio de exdirigentes irresponsables que hostigan a los propios miembros de la comunidad pone en grave riesgo la seguridad en la zona.
Los dirigentes Kichwas exigen la salida de Jiménez y sus asesores del territorio indígena y que se sometan a la justicia. Adicionalmente, piden a las nuevas autoridades del pueblo Sarayaku (que serán designadas este fin de semana) entregar a los prófugos.
En 2011, Jiménez y sus asesores Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa denunciaron al presidente Correa ante la Fiscalía por crímenes de lesa humanidad, asegurando que el mandatario ordenó a los militares rescatarlo a sangre y fuego de un hospital donde fue retenido por policías sublevados el 30 de septiembre de 2010.
Luego de que la Fiscalía considerara esa denuncia como «maliciosa y temeraria», el gobernante demandó a sus acusadores por injurias, cargo por el que fueron condenados en una decisión ratificada por la CNJ el pasado 14 de enero. Después de agotarse todas las instancias en el país suramericano, Jiménez y sus asesores se refugiaron en la amazónica comunidad de Sarayacu.
El 30 de septiembre de 2010, cientos de policías se sublevaron por un supuesto reclamo salarial, llegando a agredir y retener a Correa en un hospital de Quito, de donde fue rescatado horas más tarde por soldados en medio de disparos contra su caravana.
Fuente: Andes