Más de 100 organizaciones de derechos humanos internacionales se sumaron hoy a las críticas contra el Gobierno de Ecuador por el «arbitrario» cierre de la ONG Fundación Pachamama y emitieron una carta de solidaridad en la que exigen su reapertura.
«Estamos de acuerdo con la Fundación Pachamama en que se trata de un acto arbitrario, que busca reprimir el derecho legítimo de la organización para disentir contra la decisión del Gobierno de entregar territorios de indígenas del Amazonas a través de concesiones a compañías petroleras», señaló el comunicado
CIERRE DE FUNDACIÓN PACHAMAMA ECUADOR
Entre los firmantes se encuentran organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Coalición Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos en las Américas, que agrupa a más de 60 organizaciones de la región.
En el marco del día internacional de los derechos humanos, las organizaciones firmantes exigen al Gobierno de Rafael Correa la reapertura de la Fundación Pachamama.
La pasada semana autoridades de Ecuador ordenaron la disolución de la Fundación y el cierre de sus oficinas de Quito bajo la acusación de estar implicada en actos vandálicos, aunque la entidad niega estas imputaciones.
«Pese al cierre de Fundación Pachama, nuestro trabajo para garantizar la protección permanente de la selva tropical no se detendrá», indicó en el comunicado Bill Twist, cofundador de la organización The Pachamama Alliance con sede en San Francisco (EE.UU.).
«Este intento de silenciar la voz de la gente no frenará nuestra determinación para asegurar que el petróleo sigue en el suelo y el área de mayor biodiversidad del planeta sigue inalterado», agregó.
Según el Ministerio ecuatoriano del Interior, el pasado 28 de noviembre un grupo de activistas ecologistas e indígenas que se oponen a que la explotación petrolera se extienda al sur de la Amazonía ecuatoriana llevó a cabo una protesta en la que se produjeron agresiones a miembros de delegaciones diplomáticas.
La Fiscalía y la Policía Nacional de Ecuador investigan estos hechos que, según el Ministerio, constituyeron una «desviación de los fines y objetivos estatutarios» de la ONG. EFE