Así lo anunció su representante legal, William Aguaguiña, quien exige que se les entregue un balance de los bienes que tenía la inmobiliaria.
Aseguró que los 8 500 perjudicados no consiguen una respuesta desde la liquidadora, a pesar de que desde la Fiscalía, pasando por el Municipio de Quito hasta el Gobierno han recibido apoyo.
La estafa llegaría a los 10 millones de dólares.
