La comisión, que estará adscrita a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y que durará seis meses, deberá investigar hechos ocurridos a lo largo de los años entre los grupos en los cuales «se ha causado la muerte de varios de sus integrantes», según el decreto ejecutivo.
Los comisionados, cuyas funciones se podrán prorrogar por seis meses, deberán proponer las acciones que consideren que deba implementar el Estado ecuatoriano para superar las diferencias existentes y permitir el resguardo de la integridad física de los integrantes de los pueblos.
El más reciente problema entre los indígenas se registró este año, pues a finales de marzo varios miembros de la etnia taromenane, en aislamiento voluntario o no contactados, habrían sido asesinados por indígenas huaorani, que también raptaron a dos niñas taromenane como venganza por la muerte de dos ancianos de su comunidad.
La Justicia aún investiga el caso que también despertó preocupación del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, quien pidió en mayo pasado al Gobierno ecuatoriano que ponga fin a la violencia entre los dos pueblos indígenas.
Ese mismo mes, Correa pidió a Naciones Unidas que le muestre cómo poner fin a la violencia entre grupos indígenas de la Amazonía del país.
«El asunto es extremadamente complejo, hay que tratarlo con responsabilidad», porque la cuestión es: «¿Cómo proteger la vida de los no contactados sin contactarlos?», dijo entonces Correa.
Los taromenane son un pueblo en aislamiento voluntario que habita una zona de la Amazonía ecuatoriana, mientras que los huaorani están integrados en el resto de la sociedad. EFE