El aval para que Morales se postule a un tercer mandato lo proporcionó en abril el Tribunal Constitucional (TC) en respuesta a una consulta del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), y esta madrugada los legisladores bolivianos incorporaron por mayoría ese pronunciamiento judicial a la nueva Ley de Aplicación Normativa.
De esta forma, a la nueva norma -que ya pasó por el Senado– sólo le queda ser revisada y promulgada por el Gobierno, aunque aún no hay fecha para este último paso.
El argumento del Constitucional para avalar la tercera candidatura de Evo Morales y de su vicepresidente, Álvaro García Linera, es que los mandatos previos a 2009 no cuentan, al haberse refundado Bolivia ese año como «Estado Plurinacional», y porque éstos no agotaron la primera de sus legislaturas (2006-2009).
Sin embargo, la Constitución promulgada el mismo año de la refundación del país establece que los mandatos previos a la aprobación de la Carta Magna sí deben ser tomados en cuenta en el cómputo total de periodos consecutivos, que no pueden ser más de dos.
Por este motivo la oposición se ha mostrado indignada, ya que considera inconstitucional una nueva postulación del mandatario y ha denunciado que el TC boliviano no es sino una herramienta al servicio del oficialismo.
La diputada de la centrista Unidad Nacional, Elizabeth Reyes, dijo a Efe que la Asamblea Legislativa no tiene potestad para modificar la Constitución como lo hizo ayer el oficialismo para, según dijo, cumplir con un «capricho» de Morales y García Linera para la tercera reelección.
«Creo que es un nefasto precedente cuando se ha utilizado el argumento de no haber cumplido con el mandato porque está sentando jurisprudencia frente al hecho de que mañana cualquier otro gobierno va a recortar su mandato para habilitarse a la reelección», dijo.
También lamentó que el partido de Morales haya «utilizado a otro poder del Estado como es el TC para lograr este objetivo».
El senador Marcelo Antezana, de la conservadora Convergencia Nacional, señaló por su parte a Efe que plantearán un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Constitucional.
Antezana consideró que con el fallo del TC, se ha «echado por tierra toda la jurisprudencia desde la fundación de Bolivia en 1825 hasta el momento en que se aprobó la nueva Constitución» en 2009, lo que producirá «un desbarajuste político y jurídico».
También el empresario opositor Samuel Doria Medina, posible candidato a la Presidencia, dijo a través de su cuenta de Twitter que el Constitucional ha dado un «golpe» con su fallo contrario a la Carta Magna.
Por ello, la oposición prepara una proposición acusatoria, el primer paso hacia el juicio de responsabilidades, que será presentada la próxima semana ante la Fiscalía General para acusar a los magistrados por los delitos de «resoluciones contrarias a la Constitución, asociación delictiva y apología del delito».
«Sabemos que esto lleva un tiempo, y así no surta efecto porque en la Asamblea (donde se aprueban o rechazan los juicios de responsabilidades) el MAS tiene los dos tercios, va a quedar sentado para que en el futuro pueda continuar este proceso contra los magistrados por obrar al margen de las leyes», dijo Antezana.
Además, el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) anunció en abril pasado que ha apelado a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que analice la situación generada por el fallo del TC.
Por contra, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Héctor Arce sostuvo que la gestión gubernamental de Morales y García Linera en el primer mandato en «términos jurídicos, no fue un período constitucional concluido y por lo tanto no puede ser tomado como un periodo constitucional».
Si Evo Morales gana las elecciones de diciembre de 2014 se convertirá en el presidente que más tiempo ha gobernado Bolivia, ya que permanecería en el poder hasta el 2020.
Morales se convirtió el 22 de enero de 2006 en el primer indígena en gobernar el país andino, tras ganar los comicios presidenciales con el 53,7 % de los votos, y fue reelegido para un segundo periodo (2010-2015) con el 64 %.
La oposición boliviana no ha sido la única en criticar la posible inconstitucionalidad de la medida, ya que también lo ha hecho la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, quien a pesar de pertenecer al MAS, ha sostenido que «este no es el camino constitucional» para lograr una reelección del actual presidente. EFE