En un comunicado, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) lamentó «profundamente las declaraciones inapropiadas» de Morales que, según esa institución, «no contribuyen al curso de las investigaciones porque adelantan conclusiones insostenibles» y también «confunden a la opinión pública».
«Su grave acusación carece del mínimo fundamento y ocasiona un enorme daño a la imagen de la Iglesia católica en Bolivia y el mundo, al provenir de la primera autoridad política del país», señala el comunicado.
Los obispos replicaron así a Morales, que ayer acusó a «algunos obispos» de estar implicados en los robos y emplazó al cardenal Julio Terrazas a «hacer devolver las joyas» y a imponer «un castigo severo» para que estos hechos no se repitan.
«Todos los días en los periódicos (se lee que) de tal virgencita se llevaron las joyas, de tal santo se llevaron sus bienes. ¿Y quién maneja la llave de esa iglesia? Son los obispos y saben los obispos quién entra y quién sale, por tanto saben quién saca las joyas», sostuvo Morales.
El gobernante expresó su preocupación por los recientes hurtos, en particular el ocurrido este lunes en el pueblo de Copacabana, fronterizo con Perú, donde ladrones sustrajeron 18 joyas de las imágenes de la Virgen y el niño Jesús, de un valor incalculable y por el que han sido detenidos al menos tres sacerdotes.
En la región andina de Potosí también fue detenido la semana pasada el párroco del pueblo de Tinguipaya por el supuesto robo de joyas de ese templo en 2011.
La CEB ratificó su preocupación por estos robos que «se inscriben en la espiral de inseguridad ciudadana y delincuencia que sufre cada vez más la ciudadanía y que debía ser la preocupación real de las autoridades».
En el comunicado, los obispos volvieron a pedir a las autoridades que intensifiquen las investigaciones para hallar a los autores y recuperar los objetos sustraídos, «que constituyen un valioso patrimonio religioso, histórico y cultural de los bolivianos».
Sobre las detenciones de los sacerdotes, la Iglesia católica manifestó que espera «que no se trate de medidas precipitadas o resultado de presiones de diferente índole».
«En todo caso, apelamos a la presunción de inocencia, esperando el desarrollo justo e imparcial de las investigaciones para satisfacción de la comunidad local y nacional», concluyeron. EFE