31 mar (EFE).- El Gobierno de Nicosia se ha propuesto recoger cuanto antes los platos rotos de la crisis financiera con un programa urgente para relanzar la economía y una comisión encargada de esclarecer la maraña bancaria que condujo a la situación actual.
Al mismo tiempo, desde la oposición aumentan las voces que piden soluciones que no estén vinculadas a la troika de acreedores internacionales y los correspondientes planes de ajuste.
El presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, anunció hoy en una entrevista con el diario «Filleftheros» un amplio plan de medidas para impulsar la economía, que pasa por iniciativas para potenciar el clima inversor y ayudas para combatir el desempleo juvenil.
La idea es aplicar el programa en un plazo de tres a seis meses, explicó.
Con este paquete, el Gobierno pretende desarrollar y favorecer la inversión extranjera, así como mejorar la situación de las poblaciones vulnerables, explicó Anastasiadis, que esbozó algunas de las ideas de este programa.
Agilizar la tramitación de proyectos de inversión, bajar la elevadísima factura de la luz, ofrecer exenciones fiscales a las empresas que reinviertan sus beneficios y recurrir a los fondos europeos para combatir el desempleo juvenil son algunas de las claves de este programa.
El presidente aseguró que su proyecto no pasa por recortes salariales o de eliminación de empleo en el sector público, algo que aseguró no está sobre la mesa de negociación con la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).
El tiempo para elaborar un plan de ajuste apremia, pues el Gobierno se ha propuesto tenerlo listo hasta el próximo jueves, de cara a la reunión con la troika.
Además de la amplia reestructuración bancaria, que contempla el cierre del segundo banco, el Banco Popular (Laiki), y el saneamiento del primero, el Banco de Chipre, el Gobierno de Nicosia tiene que acometer una serie de ajustes a cambio de recibir el rescate de 10.000 millones de euros aprobado por la troika.
En un evidente esfuerzo por recuperar credibilidad, el Gobierno creó además esta misma semana una comisión de investigación encargada de depurar responsabilidades políticas y bancarias en torno a la crisis.
Del amplísimo catálogo de tareas que tendrá esta comisión se puede deducir el alcance de errores o favores que pudieron llegar a hacerse en los últimos años a todos los niveles.
Entre los asuntos que más atención mediática atraen figura la presunta salida del país de millones de euros en los días previos al primer acuerdo con el Eurogrupo, en el que se preveía una tasa a todos los depósitos bancarios, iniciativa que fracasó en el Parlamento.
Pero todo apunta a que el escándalo mayúsculo lo constituye el reparto de prebendas entre políticos, empresarios y sindicalistas por parte de los tres principales bancos del país, el Banco de Chipre, el Popular y el Banco Heleno.
Desde que la prensa chipriota y griega sacara esté escándalo a la luz a comienzos de la semana, no ha pasado ningún día sin nuevas revelaciones sobre personas y empresas a las que les fueron condonados parcial o totalmente créditos, en algunos casos millonarios, o que los obtuvieron sin tener que ofrecer garantías a cambio.
Mientras, los clientes del Banco de Chipre han recibido como un jarro de agua fría la noticia de que los depósitos superiores a los 100.000 euros en esta entidad sufrirán como mínimo un recorte del 37,5 %, que, dependiendo de la marcha del banco, podrá alcanzar hasta el 60 %.
Por ahora, los chipriotas parecen haber asumido con fatalismo todo lo que se les ha derrumbado en apenas dos semanas, pero entre los partidos políticos arrecian las críticas contra el acuerdo con el Eurogrupo y los planes de Anastasiadis.
Entre los que más azuzan figura el presidente del Parlamento, el socialdemócrata Yannakis Omiru, quien no deja pasar día sin arremeter contra la troika.
«Las exigencias de la troika se repetirán y se multiplicarán y transformarán Chipre en una colonia horrible», dijo hoy Omiru, quien insistió en que existen posibilidades más allá de las «cadenas» del memorando y abogó por una acción unida de los países del sur de Europa contra las imposiciones de Alemania.
En términos similares se expresó el partido comunista AKEL, en el Gobierno hasta el mes pasado, cuyo portavoz adjunto, Stavros Evagorou, dijo que el memorándum «lleva a la inestabilidad, al paro y a la desaparición de recursos económicos necesarios para el crecimiento». EFE