5 mar (EFE).- La Justicia argentina sentó hoy en el banquillo a los exdictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983) bajo el «Plan Cóndor» que implementaron las dictaduras suramericanas para reprimir disidentes en los años 70 y 80.
El Tribunal Oral en lo Federal 1 de Buenos Aires juzga también al exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, que acumula siete condenas por cadena perpetua, y a los exoficiales Eduardo Samuel de Lío, Santiago Riveros, Ramón Díaz Bessone, Miguel Ángel Furci y Antonio Vañek.
El exgeneral Ramón Genaro Díaz Bessone fue finalmente apartado del juicio por causas médicas, mientras que el único extranjero entre los 25 imputados es el militar uruguayo Manuel Cordero, que fue extraditado desde Brasil y está acusado de privación ilegítima de libertad.
Por el contrario, los argentinos son una minoría entre los 108 presuntos desaparecidos por las fuerzas de seguridad nacionales en el país o en el extranjero durante la última dictadura, que forman parte de las tres causas agrupadas en este juicio.
La mayoría de las víctimas son uruguayas, aunque también hay de nacionalidad paraguaya, chilena, boliviana y peruana.
La Fiscalía sospecha que muchos de los desaparecidos fueron secuestrados, detenidos y torturados en el centro de detención clandestino Automotores Orletti, ubicado en la capital argentina y que está considerado la principal base de operaciones del «Plan Cóndor» en el país.
«Este juicio tiene una importancia fundamental porque demostrará que hubo una asociación ilícita de las dictaduras suramericanas para detener y hacer desaparecer a opositores políticos», declaró a Efe la abogada querellante Alcira Ríos.
«Por primera vez están unidas todas las víctimas», añadió Ríos, quien se mostró confiada en que después de tantos años de espera «se haga justicia».
El «Plan Cóndor» o «Operación Cóndor» fue implementado por las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay a partir de mitad de la década de los 70 para compartir información, perseguir, asesinar, desaparecer o deportar a disidentes fuera de sus países.
«Los opositores huían a los países vecinos creyendo que allí estaban seguros y no era así», explicó la veterana abogada, que trabajó ya en la primera causa por el «Plan Cóndor», abierta a finales de los años 90.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, detenida en su país junto a su marido Marcelo Gelman y trasladada en 1976 a Uruguay, donde desapareció tras dar a luz a una niña que fue entregada en adopción a un policía uruguayo.
El poeta no logró reunirse con su nieta Macarena hasta el año 2000, cuando fue localizada y recuperó su verdadera identidad.
Las primeras pruebas concretas de la «Operación Cóndor» aparecieron en 1992, cuando se descubrieron informes secretos en dependencias del gobierno paraguayo.
En los conocidos como «Archivos del terror» constaba la autorización a miembros de las fuerzas armadas y a paramilitares a cruzar sus fronteras nacionales para secuestrar, torturar o asesinar a sus conciudadanos refugiados en los países vecinos.
Documentos desclasificados por Estados Unidos en 2010 demostraron también que el FBI conocía desde 1976 la existencia de un plan común de las dictaduras del Cono Sur destinado a recopilar e intercambiar información sobre disidentes con el objetivo de ejecutarles o trasladarles a cualquiera de los países firmantes del pacto.
Videla, de 87 años, encarcelado en la Unidad Penal de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, fue el primer presidente de la última dictadura argentina en recibir una condena a prisión perpetua, cuando en 2010 la Justicia argentina le declaró culpable del fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976.
El año pasado, un tribunal argentino condenó al dictador a 50 años de cárcel por el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura. EFE