El presidente de la ABPE, César Robalino, indicó que convocará a una reunión de su gremio para analizar el cuerpo legal y la demanda que se presentará ante la Corte Constitucional.
El pasado martes, el órgano parlamentario aprobó la ley de Redistribución del Gasto Social que, además, prohíbe que los bancos trasladen al público la elevación del impuesto a las utilidades o beneficios.
Según Robalino, la decisión legislativa viola principios tributarios y de la generalidad de las leyes, al discriminar al sector bancario de otros grupos productivos. Entre las disposiciones de la nueva ley está una subida de los gravámenes sobre los fondos depositados en el extranjero y la fijación de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% para los servicios financieros, que hasta ahora estaban exonerados.
La pugna entre los bancos y el Gobierno se evidenció además con la decisión del presidente Correa de retirar su cuenta de una entidad privada y trasladarla a una institución financiera en manos del Estado.