19 oct (EFE).- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y los bancos privados del país han entrado hoy en una polémica por el uso de una parte de los beneficios de ese sector en la financiación de un bono gubernamental dirigido a gente pobre.
El mandatario recogió una oferta de campaña electoral anunciada hace algunos días por el exbanquero y candidato presidencial Guillermo Lasso de elevar de 35 dólares mensuales a 50 dólares el Bono de Desarrollo Humano, que entrega el Gobierno.
«En enero se eleva el Bono de Desarrollo Humano gracias al consenso que se logró», dijo hoy Correa en una entrevista radial, en la que señaló que la próxima semana anunciará las medidas para que parte de los beneficios de la banca, o «utilidades» como se conocen en Ecuador, financien el incremento.
Correa dijo que busca transferir unos 200 millones de dólares de las utilidades bancarias para financiar el alza.
La Asociación de Bancos Privados del país (ABPE) reaccionó ante el anuncio presidencial y dijo hoy que «no es admisible que el sector bancario asuma adicionalmente el costo de cualquier proyecto gubernamental».
Correa, por su parte, replicó: «No nos atrevíamos a elevar el bono porque los banqueros y sus analistas siempre criticaban» el gasto público y decían que eran «dádivas» para ganar elecciones.
No obstante, «resulta que su representante (Lasso) es el que propone el incremento del bono y nadie dijo nada (…), entonces yo asumo que hay consenso».
«Encantado, si ellos quieren subir el bono y nosotros siempre lo hemos querido hacer (…), si todo el mundo está de acuerdo, entonces desde enero se sube el bono; la cuestión es cómo financiarlo», subrayó.
Lasso propuso financiar el incremento del bono con la publicidad del Gobierno, pero Correa señaló que ese gasto es de «veinte millones a lo sumo», mientras que «el impacto del incremento del bono de desarrollo son 323 millones de dólares».
«Eso es una falsedad, es demagogia», criticó Correa y señaló que su Gobierno sí lo va a financiar «con la mayor transferencia de distribución de recursos en la historia de este país en favor de los pobres».
El uso de parte de las utilidades de la banca, agregó, también romperá el «mito» de «socializar las pérdidas y privatizar las ganancias».
«Cuando ganan los bancos, solito (ese beneficio) para ellos, pero cuando pierden, que paguemos todos, así fue en la crisis de 1999», la peor de la historia del país, añadió.
«Ahora la tortilla se vuelve, ahora que tiene utilidades gigantescas e históricas vamos a hacer reformas para trasladar, al menos, 200 millones de dólares de esas utilidades de los bancos para financiar el incremento en el bono», insistió.
Con ello se logrará «un impacto redistributivo impresionante» e «histórico», apostilló Correa.
De su lado, la Asociación de Bancos Privados aclaró que el sistema financiero nacional «no participa en ninguna actividad de orden político o electoral».
Recordó que «los bancos privados ya aportan al Estado aproximadamente 309 millones de dólares por concepto de impuestos, tasas y contribuciones, lo que representa casi el 80 por ciento de sus utilidades netas anuales».
«La Banca Privada de Ecuador goza hoy en día de una adecuada salud financiera», pero «no es admisible que el sector bancario asuma adicionalmente el costo de cualquier proyecto gubernamental y que el hecho de no hacerlo represente una posible limitación al legítimo derecho a la propiedad privada», añadió.
Para la ABPE, el planteamiento del Gobierno «implica una probable eliminación de las utilidades bancarias y pone fin al derecho constitucional a obtenerlas», lo que se constituiría, además, en «un factor de debilitamiento» del sistema financiero nacional.
Finalmente, la Asociación hizo un llamamiento para que no se la involucre en situaciones políticas o electorales y se consolide el objetivo de proteger «la tranquilidad y confianza de sus 7 millones de clientes, quienes mantienen depósitos por más de 20.000 millones de dólares». EFE