El Estado ecuatoriano fue absuelto por una demanda de secuestro y asesinato de Marco Palma, ocurrida en 1997.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicó haber notificado a las partes de la sentencia en la que concluyó que no llegó a demostrarse que la conducta estatal derivara en la vulneración de los derechos a las garantías y protección judiciales de los familiares de Palma Mendoza.
Los denunciantes pretendían que los jueces condenaran al Estado por una supuesta falta de diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la retención, desaparición y asesinato de Palma Mendoza, ocurrida en el cantón Manta, provincia de Manabí.
La CorteIDH constató que el Estado determinó lo ocurrido y condenó a tres personas en carácter de autores materiales de los hechos investigados y agregó que no existen elementos para probar la participación en el delito de otros actores particulares o estatales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó este caso a la CorteIDH en febrero de 2011 y señaló en la demanda que el Estado no actuó para prevenir la muerte de Palma.