En octubre de 2011, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, obtenía una cómoda reelección con un enorme apoyo popular. Este jueves la mandataria enfrentó la primera protesta masiva en contra de su segundo gobierno.
La capital, Buenos Aires, y otras ciudades del interior del país fueron escenario de manifestaciones, convocadas mayormente a través de redes sociales para protestar por una serie de restricciones que la jefa de Estado comenzó a aplicar en los últimos meses.
Primero limitó el ingreso de productos importados, de los cuales Argentina dependía en gran medida.
Luego vino una fuerte restricción a la compra de divisas y los argentinos, que históricamente han estado acostumbrados a ahorrar en dólares, perdieron la posibilidad de comprar moneda estadounidense de forma legal.
Después de limitar al máximo la salida de divisas en el país (incluso se les prohibió a las empresas girar dividendos), las autoridades pusieron el foco en frenar el gasto de los argentinos en el exterior.
Y en una serie de anuncios inesperados, el gobierno comenzó a implementar medidas para desincentivar los viajes fuera del país.
Las medidas, defendidas principalmente por los seguidores de la presidenta, han disparado las críticas en algunos sectores de la sociedad argentina.
«Yo nerviosa no me voy a poner, que se queden tranquilos», aseguró Fernández en un acto mientras se desarrollaban las protestas.
Viajar, un desafío
«Están erosionando nuestras libertades», dice uno de los manifestantes.
Con una inflación anual que economistas privados colocan cerca del 24% (aunque el gobierno sólo reconoce la mitad), en los últimos años muchos argentinos han optado por viajar y consumir en vez de depositar sus ahorros en los bancos donde, con una tasa de interés del 12%, su dinero pierde mitad de su valor cada año.
Según datos oficiales, durante el mandato de Fernández de Kirchner el turismo argentino en el exterior creció un 143%.
Sólo en 2011, viajaron fuera del país casi 6,7 millones de los 42 millones de argentinos, y gastaron US$5.321 millones, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Turismo.
Para reducir ese gasto, que también es considerado una fuga de capitales, el gobierno, a través del fisco, fue implementando medidas que complican severamente a quienes quieren salir del país.
Ante el panorama actual de restricciones los argentinos enfrentan dos opciones para poder viajar: comprar dólares en el mercado negro (a más de un 30% de su valor oficial) o utilizar sus tarjetas de crédito.
Muchos optaron por esto último. Hasta septiembre, cuando el gobierno anunció un recargo del 15% para las compras realizadas en el exterior con tarjetas, algo que limitará las posibilidades de muchos argentinos de clase media de viajar.
Algunos argentinos consideran que las crecientes restricciones los están convirtiendo en prisioneros de su propio país. «No queremos acabar como Cuba», fue una de las denuncias de la marcha de este jueves.
Sin embargo, la presidenta Fernández ha negado que busque limitar la salida de los argentinos y consideró «mitos urbanos» las quejas sobre la falta de acceso a divisas para viajar.
Pérdida de libertades
Cristina Fernández enfrenta la primera convocatoria masiva en contra de su gobierno
«Estoy harta de que se metan en mi vida, que me digan qué hacer con mis ahorros, dónde tengo que pasar mis vacaciones», resumió a BBC Mundo una joven para explicar por qué decidió salir a protestar contra el gobierno.
«Están erosionando nuestras libertades», asintió una mujer mayor a su lado.
Donde más se siente la indignación de mucha gente es en las redes sociales. Allí muchos critican el estilo «autoritario» que ha adoptado la mandataria y la comparan con su par venezolano, Hugo Chávez.
Algunos aseguran que el país está siguiendo el modelo bolivariano y en tono de burla lo han rebautizado «Argenzuela».
Sin embargo, también hay quienes creen que las medidas del gobierno apuntan a romper la dependencia del país con la moneda estadounidense y celebran la «pesificación» de algunos mercados hasta ahora completamente dolarizados, como el inmobiliario.
También muchos defensores de la mandataria, lejos de criticar la interferencia del Estado en la vida privada, apoyan el papel más fuerte que se le ha dado al fisco, la entidad que implementa la mayoría de las restricciones anunciadas.
«En este país siempre hubo una alta tasa de evasión fiscal y me parece bien que los mayores controles eviten que tanta gente zafe de pagar», señaló a BBC Mundo Florencia, una médica.
Se necesitan fondos
Para los economistas, la obsesión gubernamental por evitar la salida de capitales –una fuga que en 2011 superó los US$20.000 millones– tiene menos que ver con la ideología y más con los números.
En los primeros siete meses del año, el Estado acumuló un déficit de US$2.900 millones, en parte gracias a una costosa política de subsidios al transporte y a la energía.
Según datos del Ieral, el instituto de investigaciones económicas de la Fundación Mediterránea, el gasto público en Argentina supera el 45% del Producto Interno Bruto (PIB), y sigue creciendo.
Por eso, especialistas como Nicolás Bridger, de la asesora financiera Prefinex, consideran que las restricciones del gobierno están apuntadas a financiar los gastos del Estado, ante las limitaciones del país para acceder al mercado internacional de capitales.
FUENTE: BBC Noticias