Procedían de países como España, Colombia, Argentina y Estados Unidos.Según el gobierno de Correa, muchas no daban información de sus actividadesen el país.
La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci), el organismo gubernamental encargado de terminar los convenios de las 26 ONG, tardó tres años en revisar las operaciones de todas las ONG extranjeras del país debido a que muchas no informaban dónde operaban o en qué sectores intervenían. Según explicó Gabriela Rosero, titular de la Seteci, en muchas sólo figuraba el nombre, otras no trabajaban y algunas ni siquiera tenían registrado un domicilio.
Las ONG en Ecuador deben cumplir con los requisitos que establece el Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional, como la prohibición de «efectuar labores lucrativas, de injerencia política y/o proselitistas», o realizar actividades que atenten contra «la paz pública» o que sean «diferentes o incompatibles con las que le han sido señaladas», según el decreto 812.
Entre las ONG suspendidas hay nueve estadounidenses, cuatro italianas, tresespañolas, dos británicas, una argentina, una puertorriqueña, una colombiana,una alemana, una danesa, una filipina, una de Singapur y una belga.
El presidente Rafael Correa denunció que había ONG que no informaban de sus ingresos y que muchas de ellas no cumplían ni con la ley ni con la labor para las que fueron creadas. Por el contrario, dijo, se dedicaban a hacer política en el país.
Según denunciaron algunos medios en Ecuador, las ONG se ubicaban en lugares estratégicos para la nación, como las reservas naturales, donde incluso existen proyectos nacionales.
Diez días antes de la publicación del decreto, Correa había afirmado que algunas ONG «son de extrema derecha», en su mayoría estadounidenses, y que pretendían «desestabilizar a los gobiernos progresistas». El presidente añadió que otras que trabajan en la frontera norte «son cómplices» de grupos irregulares.
El gobierno ecuatoriano conminó a las ONG a que aclararan los propósitos de su estancia en el país. Varias no lo hicieron, por lo cual fueron excluidas de continuar sus operaciones en territorio ecuatoriano.
La Seteci también comunicó a otras 16 ONG extranjeras que deben suscribir un nuevo convenio con el Estado ecuatoriano, «para lo cual deberán manifestar su interés de continuar trabajando en el país en un plazo máximo de quince días» y cumplir con los requisitos correspondientes.
Una de las cláusulas que preocupaba a las ONG es la que les prohíbe ejecutar «proyectos financiados con recursos de la cooperación internacional no reembolsable de fuente bilateral o multilateral bajo sanción de terminación anticipada del Convenio Básico de Funcionamiento».
En 2009, el Gobierno derogó temporalmente el permiso concedido a la organización ambiental ecuatoriana Acción Ecológica. También retiró el estatus diplomático a unaONG a la que se acusó de tratos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
FUENTE: Infobae.com América
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