Allanar y ocupar una vivienda de forma ilegal se considerará un delito penal desde mañana en Inglaterra y Gales, y se castigará con multas y con hasta seis meses de cárcel, ha informado hoy la cadena británica BBC.
Hasta el momento, ocupar una vivienda de forma ilegal se consideraba una falta civil y los propietarios, incluidos los ayuntamientos, debían acudir a un juzgado para probar que los okupas habían entrado en la casa. La nueva ley, que entrará en vigor mañana, establece que pasará a tratarse como delito penal y se fija una pena máxima de prisión de hasta seis meses o una multa de hasta 5.000 libras (6.300 euros).
Así, los propietarios que consideren que su vivienda ha sido ocupada ilegalmente podrán notificárselo a la policía, que verificará la denuncia y podrá arrestar a los okupas. Para ello, los agentes deberán probar que los okupas traspasaron la entrada de la vivienda y que «están viviendo o pretenden vivir» en la casa. La nueva norma no afectará en cambio a los inquilinos que se retrasen en el pago de sus cuotas de alquiler. El Gobierno británico considera que esta medida ofrecerá una mejor protección a los propietarios y «dará un portazo a los okupas de una vez por todas».
«Durante demasiado tiempo, gente trabajadora ha tenido que hacer frente a largas batallas legales para recuperar sus casas de manos de okupas y pagar reparaciones de miles de libras cuando finalmente se van», afirmó el secretario de Estado de Vivienda, el conservador Grant Shapps. «Nunca más hablaremos de los llamados ‘derechos de los okupas’. En su lugar, pondremos la justicia en favor del propietario y la ley será transparente como el cristal: entrar en una propiedad con intención de ocuparla será un delito criminal», añadió Shapps.
Activistas por los derechos de los okupas advirtieron de que esta norma castigará a los más vulnerables e incrementará el número de personas que duermen en la calle. «Lo que necesitamos es hacer frente a la crisis de la vivienda y no criminalizar a aquellos que son los más vulnerables de nuestra sociedad», indicó Catherine Brogan, del grupo activista «Squatter’s Action for Secure Housing».
FUENTE: La Vanguardia