13 ago (EFE).- Dirigentes de más de 200 organizaciones políticas han sido convocados para mañana al Consejo Consultivo de la función electoral de Ecuador, que analizará el escándalo de las firmas falsas entregadas por partidos que intentaban inscribirse para los comicios del próximo año.
A la reunión han sido invitados representantes de partidos y movimientos políticos de las 24 provincias del país, tanto de cobertura nacional como local, indicó hoy a Efe una fuente del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El encuentro, que tendrá lugar en la sede del CNE, será dirigido por el pleno del organismo, presidido por Domingo Paredes, quien ha calificado el suceso como un «ataque masivo a la confianza del ciudadano y al sistema democrático».
La semana pasada, en una comparecencia ante la Asamblea Nacional, Paredes reveló que se han detectado «graves» irregularidades en las firmas presentadas por las organizaciones políticas como aval para participar en los comicios de febrero próximo.
Según la legislación ecuatoriana, para que un partido pueda presentar candidatos a las elecciones presidenciales y legislativas necesita reunir alrededor de 158.000 firmas.
Paredes incluso criticó la posibilidad de que grupos políticos hayan contratado a «empresas» dedicadas a recolectar firmas, por lo que les responsabilizó de la crisis.
Asimismo, dijo que los «débiles controles» aplicados en el proceso de verificación de las firmas pudieron contribuir a que se filtraran miles de firmas adulteradas.
No obstante, Paredes se encuentra en el ojo del huracán, pues tanto el oficialismo como la oposición le exigen una mayor transparencia y agilidad en la solución del escándalo.
El presidente del CNE, de momento, ha aclarado que el proceso de verificación de firmas no modificará el calendario electoral, que prevé la primera vuelta de las presidenciales para el 17 de febrero próximo.
Asimismo, ha aclarado que será la Fiscalía la que tenga que investigar las responsabilidades legales de este hecho, pues se trata de un delito penal.
El movimiento Alianza País (AP), del presidente Rafael Correa, reclama la verificación total de las firmas, incluidas las suyas, más de un millón, y asegura que el escándalo sólo le conviene a la oposición.
Para Galo Mora, secretario nacional de AP, el CNE debería «limpiar» a todas las agrupaciones involucradas con la presentación de firmas falsas para inscribirse a los comicios de febrero próximo.
Sin embargo, incluso AP está inmersa en la investigación, pues según el CNE, en un informe preliminar y parcial indicó que ese movimiento apenas tenía la mitad de las firmas válidas.
Mora, por su parte, replicó esa afirmación y dijo que la validación de las firmas presentadas por AP llegaba a más del 80 por ciento y subrayó que su grupo presentó 1,6 millones de firmas, por lo que superaba varias veces el requisito mínimo exigido en la ley electoral de 158.000.
La oposición, por su parte, sospecha que el escándalo surgió del propio Gobierno para intentar eliminar a sus adversarios electorales.
El presidente Correa ha rechazado esas insinuaciones e incluso ha dicho estar dispuesto a pedir licencia en su cargo para «vigilar» personalmente que no se concrete un presunto fraude político.
Y es que la Fiscalía ha recibido más de 21.000 denuncias de ciudadanos molestos porque sus identidades han sido usadas sin consentimiento para incluirlas en los registros de firmas, donde además han sido alteradas sus rúbricas.
«No permitiremos que la impunidad vuelva a imponerse en el país», dijo Correa el pasado viernes al declararse dispuesto a alejarse temporalmente de su cargo para «vigilar» que se revise la totalidad de las firmas y que «no se burlen la Constitución y las leyes». EFE