El gobierno ecuatoriano reconoció la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos del pueblo Sarayacu.
El pueblo indígena amazónico se enfrentó con una petrolera argentina, en una sesión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrada en su territorio.
Es la primera vez que el Ejecutivo hace esa admisión, según Mario Melo, abogado de los demandantes, que la calificó como un paso muy importante.
Aunque las supuestas violaciones de los derechos ocurrieron durante sus antecesores, el gobierno actual, encabezado por Rafael Correa, había seguido negando las acusaciones.
Los hechos se remontan a 1996, cuando el Gobierno de entonces otorgó a la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) el derecho a explotar el petróleo en la tierra de los sarayaku sin consultarlos.
La compañía entró con el apoyo de soldados ecuatorianos, mientras que la comunidad se movilizó para defender su territorio y logró expulsarla tras una disputa que no causó víctimas. El Gobierno indemnizó recientemente a CGC con 20 millones de dólares.
“El Estado reconoce la responsabilidad y está dispuesto a llegar a cualquier acuerdo de reparación”, dijo Alexis Mera, uno de los consejeros más estrechos del mandatario.