3 abr (EFE).- Una coalición de ONGs consideró hoy «insuficientes» las medidas de Colombia para evitar que grupos guerrilleros usen niños soldados, en un momento en el que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) intensifican su campaña de reclutamiento.
Las organizaciones, reunidas bajo el nombre Watchlist on Children and Armed Conflict, señalan en su nuevo informe sobre la situación de los menores en Colombia que esos grupos guerrilleros han apostado por incorporar niños a sus filas «después de perder miles de integrantes en los ataques que el Gobierno ha lanzado en su contra».
Bajo el título de «Sin nadie en quien confiar. Los niños y el conflicto armado en Colombia», el informe pone de manifiesto que las iniciativas del Gobierno colombiano dirigidas a proteger a los menores de la violencia son «insuficientes» y subraya concretamente la situación de lo niños «en las áreas remotas del país».
En esas zonas, los grupos armados ejercen la autoridad y los representantes del Estado colombiano están «ausentes o bien ignoran los informes de violaciones horribles que se producen y permiten a los agentes armados operar con impunidad», indica la coalición.
El documento reconoce que Colombia puso en marcha en 2010 políticas dirigidas a evitar el reclutamiento de menores por grupos armados y aplaude que en 2011 se condenara a varios paramilitares por violencia sexual y reclutamiento de niños, pero insiste en que los esfuerzos del Gobierno no enfrentan «adecuadamente» el problema.
Según la coalición de ONGs, si el Estado recurre a «soluciones militares a la hora de proteger a los civiles atraerá las represalias de los grupos armados».
En ese sentido, y «para recobrar la confianza de los ciudadanos», anima a las autoridades a desplegar en las zonas más afectadas a «funcionarios del Gobierno entrenados que pongan en primer lugar el interés de las víctimas y garanticen que los autores (de los abusos) son castigados sin excepciones».
El Gobierno colombiano, según el informe, ve a sus fuerzas armadas «como una ‘fuerza de protección’ en lugar de como ‘una parte del conflicto’, lo que conduce a situaciones de impunidad y crea desconfianza en las comunidades».
El documento subraya que «los niños colombianos en zonas rurales no están adecuadamente protegidos y continúan enfrentándose a amenazas».
«Los niveles de violencia son increíblemente altos. Los niños reciben amenazas de todas las partes y no tienen a quién dirigirse en busca de ayuda, o al menos nadie a quien consideren de confianza», indicó Yvonne Kemper, una de las investigadoras que firman el informe de Watchlist on Children and Armed Conflict.
El documento señala además que las fuerzas armadas colombianas no reclutan a menores, pero sí que han usado niños como «informadores o espías» para recabar información sobre los grupos guerrilleros y además los ha incluido en «campañas cívico-militares».
La directora de la alianza de ONGs, Eva Smets, reiteró, por su parte, que «la protección de los derechos de los niños en Colombia debería ser la base sobre la que construir una paz verdadera en el país».
«Entendemos que el Gobierno colombiano y sus socios bilaterales desean pasar página, pero no es el momento de restar importancia a las amenazas que enfrentan los menores», señaló Smets.
Agregó que la organización «trabaja para garantizar que (los menores) reciben la justicia y el cuidado a los que tienen derecho».
El informe, de 60 páginas, incluye numerosas recomendaciones al Gobierno de Colombia para cambiar la situación que denuncia, al tiempo que también pide al Consejo de Seguridad de la ONU y a donantes como Estados Unidos o la Unión Europea (UE) que tomen «medidas específicas» para ayudar a los menores colombianos.
El documento es el resultado de una misión que varios miembros de Watchlist on Children and Armed Conflict llevaron a cabo en 2011 en Colombia en dos fases, de agosto a septiembre y de noviembre a diciembre, cuando visitaron varias zonas del país.
Durante la misión, los investigadores del grupo realizaron entrevistas individuales con menores entre 10 y 16 años afectados por el conflicto en Colombia, y de los que algunos fueron niños soldados o víctimas de secuestros, violaciones y torturas.
Además, también se entrevistaron con los familiares de los niños, líderes comunitarios y autoridades colombianas, entre las que, además de alcaldes y gobernadores, estuvo el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón. EFE