24 mar (EFE).- La guerrilla colombiana de las FARC puso hoy fin a la incertidumbre sobre la liberación de sus 10 últimos militares y policías secuestrados al aplazar al próximo 2 de abril el comienzo de las misiones humanitarias.
La nueva fecha le fue notificada hoy a la exsenadora Piedad Córdoba, líder de Colombianas y Colombianas por la Paz (CCP), según lo anunció a Efe en Bogotá una portavoz de este colectivo, aceptado por los rebeldes como facilitador de la entrega de cautivos.
Según el nuevo planteamiento de los rebeldes, el 2 de abril pondrán en libertad a un primer grupo de rehenes y, después de un día de por medio, por razones de logística, entregarán a los otros cautivos.
La fuente del CCP anticipó que el nuevo calendario deberá ser formalizado el domingo por la tarde en la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), durante un encuentro de las partes implicadas en estas gestiones, que pocas horas antes habían confirmado el 30 de marzo como el día de activación del operativo.
«Significa que (las FARC) nos dan más espacio para coordinar la parte logística», resaltó la activista Córdoba en una breve declaración por teléfono al Canal Caracol, de la televisión privada.
La fecha ya revisada la ratificaron los representantes de los gobiernos de Colombia y Brasil y el CICR, sobre cuyos hombros está la coordinación y la logística de la operación humanitaria.
Hace apenas dos días que Colombia, Brasil y el CICR habían advertido de que no era viable emprender las misiones el lunes 26 de marzo, fecha fijada por las FARC para las primeras liberaciones, por lo que señalaron entonces el 30 de marzo como el día de partida.
El nuevo calendario fue anunciado por el jefe de la delegación del CICR en Bogotá, Jordi Raich, y la excongresista Piedad Córdoba, líder de Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP), colectivo al que los rebeldes han entregado en el pasado una quincena de rehenes y que ha aclarado que la modificación no la hicieron los rebeldes.
Tras el encuentro de hoy, el viceministro colombiano de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, portavoz del Ejecutivo en estas gestiones, defendió que, «por supuesto, el Gobierno de Colombia ha hecho todo lo posible, de igual manera que el Gobierno de Brasil y el CICR para que esto se convierta en una realidad».
En la misma cita, las mismas partes continuaron «afinando todos estos asuntos de carácter logístico, de tal manera que los diez militares y policías puedan regresar a sus hogares lo más rápido posible», según indicó Bedoya.
El funcionario ha insistido en que las misiones solo podían comenzar el 30 de marzo si las FARC entregan antes de las 19.00 hora local del día 28 (24.00 GMT) las coordenadas correspondientes para definir el área de suspensión de acciones militares, obligada por un protocolo consensuado de seguridad para la entrega de los cautivos.
Los rehenes son los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcia, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y los policías Carlos José Duarte, César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina.
Para cumplir el calendario también era indispensable que los helicópteros que facilitará Brasil llegara el día 29 a la ciudad de Villavicencio (centro), cuyo aeropuerto fue escogido como base para las aeronaves, y que ahora, con el nuevo plazo, arribaran a esta terminal el día 1 de abril.
La logística extranjera, en este caso brasileña, es una de las exigencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la puesta en libertad de los diez rehenes, llevan de trece a catorce años de cautiverio y que los rebeldes tienen previsto entregar a una delegación de mujeres activistas del país y el exterior.
En principio estarán la exlegisladora Córdoba y la presidenta de la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), Marleny Orjuela, que previamente, en un comunicado facilitado a Efe, había llamado a las FARC a que acepten la fecha del 30 de marzo.
El cambio, según lo admitido por Asfamipaz, era necesario para que los responsables de la operación la puedan hacer «con toda la responsabilidad y el cumplimiento requerido para la seguridad de la misma».
Cuando aun faltaba el pronunciamiento de las FARC, el viceministro Bedoya había dicho que el Gobierno estaba listo para realizarla «antes del día 30», con aeronaves colombianas, fuera militares o privadas.
Pero es una logística que los rebeldes nunca han aceptado. EFE