17 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) condicionó hoy la prometida liberación de los últimos diez rehenes en su poder a que se permitan visitas de activistas de Mujeres del Mundo por la Paz a rebeldes presos, al tiempo que se manifestó lista para «iniciar el proceso» tras aceptar los protocolos de liberación.
«Sólo hace falta que el presidente Juan Manuel Santos permita la visita humanitaria proyectada por Mujeres del Mundo por la Paz a los prisioneros políticos y de guerra en los centros de reclusión del país», señala un comunicado de las FARC publicado en su página web.
Agrega, sin embargo, que está de acuerdo «con los ítems del protocolo de seguridad» y aclara que su liberación se cumplirá en dos etapas.
«Informamos al grupo de Mujeres del Mundo por la Paz, coordinado por Piedad Córdoba, y a la organización Asfamipaz, que estamos listos para iniciar el proceso de liberación, en dos jornadas, de diez prisioneros de guerra en nuestro poder».
El comunicado de las FARC contradice a la exsenadora Piedad Córdoba, quien aseguró que la visita a rebeldes presos en Colombia no sería un requisito para liberar a los diez secuestrados.
Sin embargo, tras conocer el mensaje de las FARC, Córdoba se mostró confiada en que la liberación se hará en las fechas previstas, es decir en abril.
«Estamos seguros de que lo vamos a lograr», insistió Córdoba en declaraciones a periodistas y resaltó que lo importante es que las FARC aceptó los protocolos de seguridad.
Confió, igualmente, en que el Gobierno colombiano autorice las visitas a guerrilleros presos y detalló que ya le enviaron una carta al ministro colombiano de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aunque no profundizó en los términos de la comunicación.
Por otro lado, a través de su perfil en la red social de Twitter, Córdoba manifestó que confiaba en que el «que gobierno colombiano @JuanManSantos permitirá visita a guerrilleros presos».
Recientemente el ministro Esguerra retiró el permiso a Córdoba para visitar guerrilleros presos y remitió esa decisión al presidente del país, Juan Manuel Santos, tras argumentar que la autorización tenía carácter humanitario y no de «cuota inicial de proceso de paz».
Para los rebeldes, es un contrasentido que el Gobierno colombiano niegue la visita a los que ellos llaman prisioneros políticos y de guerra, pues el «Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, atendiendo un derecho de petición, acaba de reconocer la existencia de 15.000 prisioneros políticos».
El Gobierno colombiano ha sido enfático en que en el país no hay esa clase de presos.
Aunque las FARC no dan fechas, la víspera la exlegisladora Córdoba aseguró que el próximo 3 de abril es la fecha límite para que estén en libertad los últimos uniformados que la guerrilla mantienen en condición de rehenes.
El lunes pasado el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP) había expresado su confianza en que las FARC se pronunciarían en breve sobre el protocolo de seguridad para la liberación aprobado por los gobiernos de Colombia y Brasil, ese grupo mediador y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Hasta el momento no se ha producido ningún pronunciamiento del Gobierno colombiano ante la nueva condición de las FARC para las liberaciones.
En varias oportunidades el Gobierno colombiano ha acusado a las FARC por dilatar la puesta en libertad de los diez policías y militares en poder de las FARC.
«Pareciera que aquí lo que hay es una estrategia para dilatar y ganar tiempo, y para todas las semanas sacar un nuevo titular o un nuevo mensaje», dijo la semana pasada el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
El pasado 26 de febrero el llamado Secretariado de las FARC anunció que se había decidido liberar a los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcia, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y a los policías Carlos José Duarte, César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina. EFE