14 mar (EFE).- La Asamblea Nacional Popular (Legislativo de China) aprobó hoy, en la clausura de su plenario anual, la Ley de Procedimiento Criminal, con el fin de reformar el sistema de detenciones -incluidas las secretas- ante las crecientes críticas de la comunidad internacional y grupos de derechos humanos por el abuso de este tipo de medidas contra los disidentes.
La nueva ley fue aprobada por el 91,8 por ciento de los cerca de 3.000 diputados asistentes a la sesión de clausura de la ANP, con 2.639 votos a favor, 160 en contra y 57 abstenciones (pese a la gran mayoría, fue una de las 10 votaciones de la jornada que obtuvo un menor número de síes).
La segunda reforma de la ley, aprobada en 1979 y que ya fue enmendada en 1996, incluye por ejemplo una alusión a las libertades fundamentales por primera vez, señalando en el inicio de su enunciado que «deben respetarse y salvaguardarse los derechos humanos» de detenidos y sospechosos.
También estipula que la policía informará del arresto a los familiares del detenido en el plazo de 24 horas, algo que hasta ahora no sucede (el artista y disidente Ai Weiwei, por ejemplo, pasó varios días incomunicado antes que su familia supiera que las autoridades lo acusaban de evasión fiscal).
No obstante, esa regla no se aplicará en el caso de que el detenido sea sospechoso de terrorismo o de un delito que ponga en riesgo la seguridad nacional.
Otro importante cambio es la obligatoriedad de que todos los interrogatorios sean grabados, con el fin de evitar el uso de torturas o violencia contra los sospechosos, y la prohibición del uso de pruebas que se hayan logrado mediante «extorsión».
La enmienda también prohíbe el arresto domiciliario a personas gravemente enfermas, embarazadas o madres lactantes, y especifica que sólo en determinadas excepciones este tipo de detención ha de ser llevada a cabo en un domicilio diferente al del sospechoso y nunca, en todo caso, puede ser una dependencia policial.
Pese a los intentos de mejora de Pekín, la enmienda legal fue criticada por grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), que en un comunicado en la víspera señaló que la nueva legislación «legalizará la detención secreta de ciertos grupos de sospechosos criminales por la policía», por lo que viola las obligaciones de China ante la ley internacional.
AI subraya que una cláusula de la nueva ley autoriza a las autoridades a «hacer desaparecer» a sospechosos por periodos de más de seis meses si están acusados de terrorismo, ponen en peligro la seguridad del estado o están implicados en un caso grave de corrupción.
«Los líderes chinos aseguran que han valorado la protección de los derechos humanos en su última versión de la Ley de Procedimiento Criminal, pero aquellos que retan pacíficamente al Gobierno y muchos otros estarán fuera de esas protecciones y serán vulnerables a los abusos», aseguró AI en su comunicado.EFE