16 feb (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, defendió hoy a la expresidenta chilena Michelle Bachelet de las críticas sobre su responsabilidad en la fallida alerta de tsunami de 2010.
El tsunami causó 156 muertos y 25 desaparecidos, del total de 523 fallecidos que dejó el terremoto de 8,8 grados, el sexto más fuerte registrado en la historia, ocurrido en la madrugada del 27 de febrero de 2010, y del que pronto se cumplirán dos años.
Por esa fallida alerta, que se emitió pero se retiró antes de que fuera comunicada a la población, la Fiscalía pidió la semana pasada procesar por presunta negligencia a ocho civiles y militares, entre ellos el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende.
Tras esa decisión, miembros de la actual coalición gubernamental, que entonces estaba en la oposición y que asumió el poder doce días después del sismo, han apuntado que las «responsabilidades políticas» alcanzan también a Bachelet y a sus ministros.
«Perseguir responsabilidades a nivel de la Presidencia de la República en este caso es bastante absurdo», opinó Insulza, exministro chileno y miembro de la misma coalición que Bachelet, en declaraciones a Radio Cooperativa.
«Creo que la presencia de ella (Bachelet) no era para tomar las decisiones técnicas ni para estar mirando los aparatos, sino básicamente para dar un apoyo y respaldo a la gente especializada en lo que estaba haciendo», agregó Insulza.
Varios vídeos grabados esa noche muestran la descoordinación que se vivió en la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), donde Bachelet pedía información mientras el organismo de la Armada encargado de emitir las alertas de tsunami descartaba esa posibilidad.
Como telón de fondo de esta polémica están las elecciones municipales de este año y las presidenciales de 2013, en las que todas las encuestas sitúan a Bachelet de nuevo en La Moneda, y las críticas sobre la supuesta lentitud en la reconstrucción a dos años de la tragedia.
Por otra parte, Luciano Fouillioux, abogado defensor de la exdirectora de la Onemi Carmen Fernández, que también será procesada, aseguró que el Ejército ocultó al Gobierno que su red interna de telecomunicaciones se mantuvo siempre operativa.
En una entrevista publicada hoy por el diario La Tercera, el letrado dijo que tiene entendido que el Gobierno de Bachelet se enteró de ello «cinco o seis días antes de dejar el poder», y que de haberlo sabido en su momento «las comunicaciones hubieran fluido de una manera infinitamente mejor». EFE