16 feb (EFE).- La máxima corte de Ecuador ratificó hoy la condena a tres años de prisión y a un pago de 40 millones de dólares (30 millones de euros) a los tres principales directivos del diario El Universo y un exeditorialista, en el litigio por injurias que emprendió el presidente del país, Rafael Correa.
Los recursos «son improcedentes», anunció el juez ponente de la sala encargada del caso de la Corte Nacional de Justicia, Wilson Merino, después de que los tres magistrados tomaran la decisión por unanimidad, tras deliberar unas dos horas.
Los jueces, a quienes llegó la causa hace menos de una semana, concluyeron que el fallo de apelación no violaba ninguna ley o contenía interpretaciones legales erróneas.
El diario ha decidido no recurrir a la Corte Constitucional, porque cree que no es independiente, y ha puesto su esperanza en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita las medidas cautelares que le han solicitado para parar la ejecución de la condena, según dijo Joffre Campaña, uno de sus abogados.
El letrado explicó que en unos 15 ó 20 días la justicia ecuatoriana hará efectiva la condena, emitirá la orden de prisión y obligará el pago de la indemnización a Correa, lo que significaría la quiebra para el diario, que acaba de cumplir 90 años.
El presidente ecuatoriano dijo que la sentencia «pone coto al poder por encima de la ley».
«Esto va a cambiar la Historia, van a entender que la libertad de expresión es de todos, no sólo de los que tienen plata para tener una imprenta», afirmó.
Correa, que critica frecuentemente a lo que él llama la prensa «corrupta» de Ecuador, recalcó que el dictamen supone un precedente para todo el continente y señaló que dedicará el dinero al proyecto ecologista Yasuní-ITT, que busca dejar sin explotar una reserva petrolera en un parque amazónico.
La Corte, renovada hace menos de un mes como parte de una reforma de la justicia impulsada por Correa, dio la razón al presidente pese a que una magistrada acusó a su abogado Gutemberg Vera de ser el autor del fallo de primera instancia contra el diario, en lugar de Juan Paredes, el juez que lo firmó.
En una declaración ante la Fiscalía divulgada el martes por El Universo, la magistrada Mónica Encalada, quien estuvo temporalmente a cargo del juzgado que vio el caso, afirmó que Paredes le reveló que Vera escribió la sentencia y que ofrecía dinero al magistrado que se encargara de la causa.
En la audiencia, los abogados de El Universo se centraron en argumentos legales y no abordaron las acusaciones de Encalada, aunque sí lo hizo Campaña en una rueda de prensa, en la que declaró que «puede ser el caso de corrupción judicial más grave de Ecuador».
Vera ha negado las acusaciones de la magistrada y ha dicho que «lógicamente fue coimada» (sobornada), mientras que Correa describió hoy a sus abogados como «valiosos profesionales de la patria».
«A mí sí me resulta tremendamente sospechoso que la jueza no diga nada cuando supuestamente le proponen una irregularidad, y que lo diga 7 meses después, un día antes de la última audiencia», afirmó por su parte el presidente.
Mientras se realizaba la vista en el piso octavo de la Corte Nacional, que duró trece horas y media, de las cuales unas once fueron ocupadas por los abogados de El Universo, algunos partidarios de Correa quemaron, en las inmediaciones, copias de El Universo y otros diarios, y cantaron consignas contra la prensa «corrupta».
Ese grupo propinó además golpes y patadas a algunos periodistas que cubrían la concentración, y también protagonizaron un altercado con detractores del Gobierno congregados en los alrededores del tribunal.
Asociaciones de prensa y de derechos humanos han afirmado que la sanción contra El Universo es «desproporcionada» y una amenaza para la libertad de expresión en Ecuador.
Campaña acusó hoy a Correa de querer terminar con la prensa independiente en Ecuador y «generar un efecto cadena o cascada con el resto de medios de Latinoamérica».
«Hemos retrocedido a las peores épocas de una concentración absoluta de poder, de ausencia total de independencia judicial y eso para el desarrollo de una sociedad democrática es nefasto», afirmó el abogado. EFE