El 2011 está a las puertas de terminar sin la aprobación del esperado DREAM Act, que ha dejado a los estudiantes no legalizados de EE.UU, sin un reglamento que los ampare.‘Financiar la educación universitaria es particularmente difícil para la juventud indocumentada, porque no es elegible para recibir ayuda financiera federal bajo las actuales leyesestatales, y aún las relativamente asequibles universidades públicas’, señaló Azadeh Shahshahani, representante de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Georgia (EE.UU.).
La activista agregó que en la mayoría de los estados, a los estudiantes indocumentados se les cobran las tarifas para estudiantes que no son del estado, lo que es prohibitivamente caro para la mayoría de las familias que son de inmigrantes.
Sin la aprobación de la DREAM Act, indicó Shahshahani, los estudiantes indocumentados están expuestos a un ‘peso financiero apabullante, a políticas de inscripción discriminatorias y a la constante amenaza de la deportación’.
La ausencia de una ley federal que brinde mayores oportunidades educativas a jóvenes indocumentados, ha dejado el camino abierto a los estados para aprobar leyes que puedan disminuir esta brecha.
Ante esta situación, al menos trece estados han aprobado leyes para equiparar los costos de matrícula para estudiantes indocumentados con los que son residentes legales, una medida que no sólo ayudaría a estos estudiantes a continuar con sus estudios, sino que también aportará fondos extras a los mermados presupuestos estatales, según la versión de los expertos.
Los estados que han presentado o ya cuentan con leyes a favor de un costo de matrícula equiparada son California, Kansas, Nebraska, Nueva York, Colorado, Utah, Washington, Wisconsin, Texas, Illinois, Nuevo México, Rhode Island, Connecticut, Maryland y Oregon.
Georgia, por el contrario dio un giro en el sentido contrario y en este otoño empezó a implementar una medida que restringe el acceso de estudiantes indocumentados en cinco universidades públicas.
