Continúan las reacciones tras la compra de renuncias a empleados públicos. El Gobierno defiende el proceso y destina 160 millones de dólares.
Mientras tanto los dirigentes sindicales y legisladores de oposición critican la medida y la tachan de inconstitucional.
“Hasta fines de año estimamos que vamos a destinar aproximadamente 160 millones de dólares. Esto va a dar una verdadera transformación de las instituciones públicas”, afirmó el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa.
Sin embargo, la asambleísta de oposición, Nivea Vélez, indicó que la compra de renuncias que implementa el Gobierno desde el pasado viernes en varias entidades estatales no está basada en la Ley de Servicio Público.
La legisladora municipalista aseveró que la figura que consta en la normativa tiene una indemnización y no es obligatoria.
Espinosa rebatió esta tesis y señaló que este proceso tiene legalidad, ya que dicha figura está aprobada por la misma Asamblea y contemplada en el literal k de la Ley Orgánica del Servicio Público, el artículo 47”, lo que a su juicio ha sido distorsionado por ciertos dirigentes y políticos.