Estudiantes chilenos, y más de 70 organizaciones marcharon por las calles de Santiago de Chile para exigir una educación pública, gratuita y de calidad, luego de la intensa jornada que dejó más de 60 detenidos y la amenaza del Gobierno de aplicar la Ley de Seguridad del Estado.
Esta ley castiga a quienes cometan delitos contra instalaciones o medios empleados para el funcionamiento de servicios públicos. Y obliga a los tribunales a aplicar las sanciones más duras contempladas para cada delito. En este caso, los eventuales culpables podrían recibir penas de entre cinco y 10 años de cárcel.
Los jóvenes se movilizaron desde cuatro puntos diferentes de la capital, pese a la limitación impuesta por la Intendencia de la ciudad de Santiago, que autorizó sólo dos recorridos los días lunes.
