Dentro del arbitraje internacional planteado por la petrolera Burlington en contra del Estado ecuatoriano, la Procuraduría presentó contrademandas por daños ambientales, que habrían sido ocasionados por la compañía estadounidense, así como por el mal estado de la infraestructura de los Bloques 7 y 21 en la región amazónica del Ecuador.
Burlington Resourses Inc., inició en el 2008 un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones, debido a la promulgación de la Ley 42, que incluye al estado ecuatoriano en los ingresos extraordinarios por el aumento del precio del crudo.
La primera contrademanda del Ecuador se basa en pasivos ambientales en los bloques 7 y 21, determinados en auditorías técnicas hechas por expertos internacionales.
La defensa del Ecuador solicitó al Tribunal que declare a Burlington responsable de esos daños y condene a la empresa a su reparación integral, por un monto de 488 millones de dólares.
