Trece jóvenes chilenos acusados por el gobierno y por un fiscal de crear una asociación ilícita terrorista para colocar bombas fueron sobreseidos por falta de pruebas, luego de permanecer ocho meses en una cárcel de máxima seguridad y sostener una huelga de hambre por 65 días.
La fiscalía que llevó el caso fue condenada por el juzgado de garantía a pagar las costos del juicio.
Sin embargo, cuatro de los sobreseidos serán juzgados a partir del 28 de noviembre por la colocación de 29 bombas y dos más de ser financistas del grupo que detonó los artefactos.
