Ocho policías mexicanos fueron detenidos por estar presuntamente implicados en la entrega de dos jóvenes al crimen organizado, cuyos cuerpos mutilados fueron posteriormente hallados en el estado de Nuevo León. Una de las dos jóvenes asesinadas era sobrina de la Secretaria Ministra de Desarrollo Social.
Otros siete policías de la misma corporación están detenidos tras confesar que trabajaban también para el crimen organizado en diversas tareas.
La relación de policías con los cárteles del narcotráfico ha sido denunciada por varias autoridades.
