La Paz, 26 abr (EFE).- El fiscal general de Bolivia, Mario Uribe, rechazó hoy la renuncia que le presentó el fiscal Marcelo Soza, que investiga un supuesto complot para asesinar en 2009 al presidente Evo Morales, y le ordenó seguir con el polémico caso.
«Mientras él sea funcionario del ministerio público (…) está sujeto no a su voluntad, sino a la voluntad de la ley», dijo Uribe a periodistas locales en Sucre, capital oficial de Bolivia, y agregó que Soza «goza de absoluta confianza» de la fiscalía general.
Soza intentó renunciar luego de que el juez Rolando Sarmiento rechazase la acusación que presentó hace dos semanas contra 39 presuntos implicados, por mal fundamentada y no tener individualizadas las imputaciones.
En su renuncia, difundida hoy, Soza asegura que es «víctima» de ataques de medios informativos que tergiversan su investigación y de grupos políticos y económicos de la región oriental de Santa Cruz, bastión de la oposición a Morales, donde operaba, según el Gobierno, la supuesta trama terrorista y separatista.
«Por esta razón, tomé la difícil decisión de apartarme de la dirección funcional del Caso Terrorismo (…) Estoy seguro de que estos ataques cobardes seguirán existiendo contra el o los fiscales que su autoridad designe», añade Soza, pero Uribe rechazó ese argumento.
«Cualquier hecho que vaya a presionar directamente al fiscal no es la primera vez que ocurre. Los fiscales (…) estamos sujetos a diversas presiones, de carácter psicológico, mensajes por celulares, llamadas telefónicas», replicó Uribe.
Morales dijo hoy en La Paz que está sorprendido por la renuncia del investigador, pero que es responsabilidad del órgano judicial aceptarla o rechazarla, y ha insistido en la necesidad de que se aclare lo que el califica de intento de «separatismo».
El caso estalló en abril de 2009, cuando se produjo una polémica operación policial sin mandato legal en Santa Cruz para desbaratar una supuesta banda internacional que, según el Gobierno, pretendía matar a Morales y formar milicias para independizar esa región fronteriza con Brasil y Paraguay, la más rica de Bolivia.
Un comando especial mató entonces al húngaro-croata-boliviano Eduardo Rózsa, presunto jefe de la trama, al rumano Arpad Magyarosi y al irlandés Michael Dwyer, y detuvo al húngaro Elöd Tóaso y el boliviano-croata Mario Tadic.
El juicio comenzó hace dos semanas en la ciudad central de Cochabamba, pero quedó suspendido hasta que Soza presentase una nueva acusación porque en el primer documento que entregó al juez no individualizó los grados de participación ni las responsabilidades penales de cada sindicado.
En declaraciones a medios locales, Soza aseguró que días atrás entregó la acusación corregida y completada.
La oposición, parte de la prensa local y cables de diplomáticos estadounidenses difundidos por WikiLeaks han puesto en duda la versión de Morales y Soza, y se han difundido vídeos e informaciones que apuntan a un supuesto montaje de agentes gubernamentales contra líderes de Santa Cruz.
Soza acusa a los medios de «tergiversar» la investigación con grabaciones «de dudosa procedencia», y afirma que quienes le atacan tratan de hacer creer que el complot contra Morales «nunca existió y que todo fue armado por el Gobierno».
Varios de los acusados han escapado a Estados Unidos y Brasil con el argumento de que no podrán tener un proceso justo en Bolivia porque Morales controla el poder judicial tras nombrar «a dedo» a fiscales y magistrados. EFE