Washington, 24 mar (EFE).- El Centro para Derechos Constitucionales (CCR) y la Comisión de la Verdad de Honduras presentaron hoy acciones legales y solicitudes para que el Gobierno de EE.UU. desclasifique documentos sobre el golpe de Estado de 2009.
Se trata de dos acciones, iniciadas por separado, que fueron presentadas hoy en rueda de prensa por Anjana Samant, abogada del CCR, Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Ramón Enrique Barrios Baldonado, uno de los magistrados sustituidos por oponerse al golpe, y Thomas Loudon, secretario ejecutivo de la Comisión de Verdad.
El CCR registró anoche, amparándose en la Ley de Libertad de Información, una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, para que el Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) publiquen documentos relacionados con el golpe que derrocó el 28 de junio de 2009 a Manuel Zelaya.
Por otro lado, la Comisión de Verdad de Honduras, creada por la Plataforma de Derechos Humanos de ese país, junto con CCR, envió hoy por separado dos solicitudes similares a las mismas agencias.
«Demandamos apoyo del presidente Barack Obama para que ordene la desclasificación y abra los candados sobre la verdad», señaló Oliva.
La cofundadora de COFDEH también dijo que los hondureños «necesitamos y solicitamos la suspensión de la ayuda militar que proporciona el Gobierno de EE.UU. a nuestro país», porque, según ella, envía botes de gas lacrimógeno que luego sirve para «reprimir a la población hondureña que demanda sus derechos».
«Vivimos en un régimen militar disfrazado de civil. Estamos enfrentando una política de Estado impune y cruel», porque los derechos humanos «están siendo violados todos los días», denunció.
Samant explicó que con anterioridad se habían presentado sin éxito solicitudes sobre cualquier comunicación que se podría haber producido entre personal estadounidense y autoridades hondureñas relacionadas con el golpe y para conocer lo que EE.UU. sabía cuando el avión en el que Zelaya fue expulsado del país y llevado a Costa Rica repostó en la base militar de Soto Cano.
El litigio se centra en tres solicitudes, dos al Pentágono, y una a la CIA. En las primeras peticiones, se pide la publicación de información sobre lo que podría haber sabido EE.UU. sobre el golpe, teniendo en cuenta las relaciones bilaterales, comerciales y militares «extremadamente» estrechas que ha mantenido con Honduras.
En la demanda se alega que «pocas cosas ocurren en Honduras sin el conocimiento de EE.UU. o consultas» con Washington.
También exige documentos sobre el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Romeo Vázquez, responsable de los militares que derrocaron a Zelaya.
La información que se busca obtener de la CIA se centra en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) con el argumento de que la agencia había dado seguimiento o al menos tenido conocimiento de los «poderosos» intereses de ese grupo en la política hondureña.
Loudon, por su parte, explicó que la Comisión está documentando casos de violaciones que podrían servir más adelante a la Corte Penal Internacional (CPI) para investigarlos, y también está tratando de establecer vínculos entre los abusos actuales y los que se cometieron en los años ochenta y las personas responsables.
Barrios recalcó además que en Honduras «no hay ninguna posibilidad» de que se haga justicia, porque todo el aparato judicial fue nombrado por el presidente de facto Roberto Micheletti.
En cuanto al futuro de Honduras en la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que fue suspendida, Loudon dijo que sería «un error tremendo» readmitir a ese país en estos momentos.
«Una readmisión en estos momentos sería horrible para los derechos humanos, daría una carta blanca al régimen para seguir exactamente igual», sostuvo. EFE