Bogotá, 15 mar (EFE).- Un tribunal de la capital colombiana ordenó el embargo de 300.000 millones de pesos (más de 159,88 millones de dólares) en bienes del Grupo Nule, contratista de obras de infraestructuras que entró en bancarrota, informaron hoy fuentes judiciales en Bogotá.
El embargo fue ordenado por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (departamento del que es capital Bogotá), en respuesta a medidas adoptadas de manera previa por la Contraloría General (tribunal de cuentas).
Según una versión de Caracol Radio, único medio que ha tenido acceso a la providencia, la decisión data del pasado 9 de marzo y lleva la firma del magistrado Freddy Ibarra Martínez.
La orden judicial tiene alcance sobre cuatro cuentas bancarias y nueve predios urbanos y rurales, todos ellos situados en el departamento caribeño de Sucre, y de propiedad de los hermanos Manuel y Miguel Nule Velilla, y de su primo Guido Nule Mariño, gestores del Grupo Nule.
La medida cautelar había sido solicitada a finales de noviembre pasado por la contralora general, Sandra Morelli, para «garantizar la efectividad de las eventuales condenas y el reintegro de los recursos públicos que pudieren haberse afectado indebidamente».
La misma funcionaria había advertido entonces que el desplome del conglomerado de los Nule ha afectado el patrimonio público, la legalidad y la moralidad, por lo que recurrió al recurso constitucional de acción popular para pedir el embargo.
En una primera decisión, del pasado diciembre, el mismo magistrado Ibarra se había declarado impedido para acoger las pretensiones de la titular del tribunal de cuentas, lo que fue impugnado en su momento por la Contraloría General.
Los Nule, que salieron del país a finales del año pasado, han atribuido el desplome de su conglomerado a presiones de congresistas y funcionarios de la capital colombiana, quienes, según ellos, les exigían comisiones por la adjudicación de contratos de obras públicas.
Los tres comparecieron la semana pasada en Miami (Estados Unidos) ante investigadores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que los convocaron como testigos en causas preliminares contra funcionarios presuntamente implicados en los hechos. EFE