Bogotá, 8 mar (EFE).- Están expuestas a la violencia de género en el seno del hogar. Y también fuera de él, en el marco de un conflicto armado interno que desangra desde hace casi medio siglo a Colombia, donde cada minuto seis mujeres son víctimas de algún tipo de maltrato, según la ONU.
En Colombia «hay una cultura patriarcal bastante fuerte», que conlleva que la sociedad «limita a la mujer a verse como un objeto sexual o una figura maternal», explicó a Efe Ingrid Morris, encargada de la difusión de la campaña «Mujeres por la ciudad» en Bogotá.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy, la Red Mujer y Hábitat de América Latina puso en marcha la campaña en varias ciudades de la región, con apoyo de la ONU y de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID).
En Bogotá, de acuerdo con Morris, se colocaron grandes siluetas metálicas con forma femenina en nueve puntos de la ciudad, para medir el grado de violencia al que está expuesta la mujer en el «espacio público» de las ciudades.
El resultado fue «terrible» y «desalentador», en palabras de esta activista: de las nueve figuras, seis fueron robadas y el resto «maltratadas», con pintadas descalificadoras como una que decía que las mujeres «no sirven para nada».
Según Morris, las mujeres sufren «abusos permanentes» y «violencia institucional» en las calles de cualquier ciudad colombiana.
Puertas adentro, en el núcleo familiar, el panorama es, si cabe, más preocupante.
Informes de autoridades y organismos locales recopilados recientemente por el Centro de Información del Sistema de Naciones Unidas (Cinu) reflejan que, en 2009, hubo 53.800 casos denunciados oficialmente de mujeres maltratadas por sus parejas.
Al menos 50 mujeres fueron asesinadas ese año (43 por su pareja y 7 por algún otro miembro de la familia) y el promedio de agresiones fue de 150 casos diarios.
Llaman la atención por su crudeza las cifras que maneja el Instituto Nacional de Medicina Legal correspondientes al periodo 2002-2009. Más de 600.000 hechos de violencia contra las mujeres, de los que 4.000 fueron asesinatos y 40.000 agresiones sexuales.
Es precisamente la violencia sexual contra la mujer asociada al conflicto armado interno colombiano una de las caras más amargas del problema.
Un promedio de seis mujeres cada hora fue víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado entre 2001 y 2009, según un reciente informe de la ONG española Intermón Oxfam.
Durante esos nueve años, casi medio millón de mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual en 407 municipios colombianos analizados por ese organismo con presencia de fuerzas de seguridad del Estado, guerrillas, paramilitares u otros actores armados.
En su último informe sobre Colombia, presentado en febrero pasado, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, alertó de que, en 2010, su oficina en el país «conoció» casos de violencia sexual contra niñas y jóvenes en varias regiones, atribuidos a grupos herederos de los paramilitares desmovilizados entre 2003 y 2006.
También hubo casos de violencia sexual protagonizados por miembros de la fuerza pública, en particular del Ejército, y cuyas víctimas fueron en su mayoría niñas.
El caso «más dramático», según la Alta Comisionada, ocurrió en octubre de 2010 en el departamento de Arauca (este), donde una niña fue violada presuntamente por un miembro del Ejército y después asesinada junto con dos de sus hermanos.
En cuanto a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es la principal responsable en el país del «reclutamiento forzado» de mujeres, en su mayoría menores e indígenas, que son precisamente grupos de población muy vulnerables.
Así lo contó a Efe la defensora de derechos humanos de origen holandés Liduine Zumpolle, representante de la Corporación Manos por la Paz, quien calcula que una tercera parte de los combatientes que tienen actualmente las FARC son mujeres.
En compañía de otras activistas, entre ellas varias periodistas, Zumpolle lidera desde diciembre de 2010 la campaña «De mujer a mujer», que busca «dar la mano» a aquellas que quieren dejar de pertenecer a los grupos armados ilegales y garantizar que se respetan sus derechos durante el proceso de desmovilización. EFE