El presidente Rafael Correa, extendió hoy hasta el próximo viernes el estado de excepción a pedido de la Asamblea Nacional, cuya seguridad ha sido asumida por un fuerte contingente militar, compuesto por un tanque, dos tanquetas y decenas de soldados.
Mediante un decreto ejecutivo, Correa decidió «renovar el estado de excepción en todo el territorio nacional, en razón de que algunos integrantes de la Policía Nacional en la sede de la Asamblea Nacional produjeron actos bochornosos, con el fin de impedir el normal desenvolvimiento de las actividades en esa función del Estado».
Según el decreto, la actitud de los policías en el órgano parlamentario «podría generar una grave conmoción interna», por lo que se «ratifica la movilización nacional y militar de las Fuerzas Armadas, para garantizar la soberanía nacional, el orden interno en toda la República».
La dotación policial en el Legislativo ha sido relevada, al menos por hoy, según dijouna fuente de la Asamblea Nacional. «La escolta (legislativa) no está», afirmó.
El estado de excepción, que pone en manos de las Fuerzas Armadas la seguridad interna y externa del país, fue decretado el pasado jueves, en respuesta a un levantamiento principalmente de policías que amenazó con derrumbarlo, y debía haber vencido hoy a media noche.
Durante esa acción los policías sublevados tomaron la Asamblea Nacional, con ayuda de miembros de la escolta legislativa, según el presidente de ese órgano, Fernando Cordero.
El pleno debía haberse reunido hoy para tratar un nuevo Código de Planificación y Finanzas Públicas, pero la sesión no llegó a realizarse porque su vicepresidenta, Irina Cabezas, la suspendió «por falta de garantías».
La vicepresidenta de la cámara comunicó su decisión a los asambleístas en un escueto correo electrónico en el que no detalló sus razones.
La situación dentro de la Asamblea es de «calma» actualmente, según una fuente legislativa.
Cordero, quien acaba de llegar de un viaje por Europa, respaldó la decisión de Cabezas en un comunicado.
El decreto emitido hoy por Correa ordena la acción militar para que «la Asamblea Nacional pueda ejercer a plenitud sus atribuciones y facultades constitucionales y legales».
La medida obliga al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a ejecutar «un plan de contingencia, con la finalidad de que sus efectivos intervengan en la situación producida para garantizar que la Asamblea Nacional pueda ejercer, a plenitud», su gestión.
