Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y otros dirigentes de ese movimiento, rechazaron la investigación fiscal abierta en contra de ellos por supuesto sabotaje y terrorismo, y acusaron al Gobierno de una supuesta «persecución política».
Santi deploró la acusación, aunque dijo estar dispuesto a ir a la cárcel, si prospera la supuesta persecución política.
«Nos iremos a la cárcel», pero el Gobierno deberá responder por ese atropello, advirtió Santi, mientras que uno de sus abogados dijo que son débiles los argumentos de la Fiscalía para iniciar la investigación.
Un fiscal inició la indagación contra Santi y Tenesaca por las protestas del viernes pasado en la ciudad de Otavalo, donde se desarrolló una reunión de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), en la que participaron los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Hugo Chávez.
La supuesta pérdida de material policial, durante las protestas, sería la base para la investigación a los dirigentes de la Conaie.
A la cita, en la que participaron autoridades indígenas de los países miembros de la ALBA, no fueron invitados los dirigentes de la Conaie, por considerar que la cita no era con representantes de sectores sociales, sino con cargos electos.
Correa ha mantenido un fuerte pulso verbal con dirigentes de la Conaie, que critican algunas de sus políticas, sobre todo al proyecto legal de Recursos Hídricos, por considerar que permiten la privatización del agua.